Estancanda, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

viernes, 19 de febrero de 2010

MÉXICO, D.F., 19 de febrero (apro-cimac).- La Secretaría de Gobernación evadió los cuestionamientos de legisladoras de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados sobre el cumplimiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Durante una reunión de trabajo con funcionarios de Gobernación e integrantes de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados en relación con el diagnóstico nacional sobre todas las Formas de Violencia contra las Mujeres, los funcionarios sólo informaron que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se encuentra analizando las observaciones que fueron realizadas por la Secretaría.
La diputada Teresa Incháustegui, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), insistió en conocer cuáles son los principales resultados del diagnóstico, pues la Ley General, lo plantea como un instrumento fundamental para definir las políticas públicas.
En respuesta, Eliseo Rosales Ávalos, director general adjunto de Enlace Institucional, de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Segob, dijo que las observaciones no las hizo su oficina, sino que se dio “a la tarea de que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) lo hicieran de manera conjunta por ser las entidades del gobierno federal que tienen un mayor conocimiento en la materia.
"Ahora estamos en el proceso de la revisión y les adelanto que algunos datos no son alentadores sobre la cultura de registro. Les pedimos que nos permitan terminar las observaciones porque en el convenio hay una cláusula de confidencialidad", dijo el funcionario.
La legisladora del PRD le respondió que la cláusula "terminó en octubre". Rosales Ávalos respondió: "Nosotros hicimos las observaciones en diciembre; les pedimos que nos permitan seguir trabajando con la UNAM, ya que es una institución seria  y responsable que nos va a cumplir con las observaciones.
“Permítanos conversarlo con la UNAM. Que el convenio finiquitó en octubre y comentarles que existe una preocupación y que nosotros quisiéramos darles una respuesta y poderles adelantar algunas conclusiones”, agregó.
Otro cuestionamiento fue acerca de las 40 acciones del gobierno federal para detener los feminicidios. "No sabemos nada, si la Conavim esta retomando las acciones de la Comisión Juárez; que nos informe que pasó, y que se avanzó en el tema de las 40 acciones que estaban comprometidas, y son vinculantes para cada una de las dependencias que intervienen", increpó Teresa Incháustegui.
En este caso, la responsable de la Unidad de Género de la Segob, Pamela Higuera Hidalgo, señaló que “hay un documento que contiene todos los avances, que se les puede hacer llegar  en cualquier momento”.
"Estas acciones se incluyeron dentro del plan del  programa integral de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, el cual también está a su disposición, y que estaría haciendo acciones vinculantes para todas las dependencias públicas a nivel federal", afirmó.
De igual manera, la también presidenta de la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados, Teresa Incháustegui, preguntó sobre los criterios para aplicar el Fondo de Alerta de Violencia de Género, ya que en esta materia las organizaciones de mujeres tienen experiencias muy amargas.
"No se sabe cómo funciona, la última vez que las organizaciones de mujeres la quisieron hacer funcionar, todos los mecanismos de la mujeres de este país que están creados para tutelar y garantizar los derechos de las mexicanas les dieron el portazo, hecho que nos pareció muy lamentable. Queremos saber cuáles son los criterios y cómo van a funcionar y lo que están planeando", demandó la legisladora del sol azteca.
Pamela Higuera Hidalgo, respondió que para el avance en el tema de los criterios del Fondo de Alerta de Violencia de Género, se contrató una consultaría, que le está dando seguimiento a los criterios y que esperan que en febrero o marzo les entregue algunos resultados que tengan definidos los criterios mediante los cuales se dará la alerta de género.
El capítulo V de la Ley General especifica la violencia feminicida y la alerta de género. Ésta es "el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ejercida por un individuo o una comunidad".
Establece como objetivo de esta alerta: garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y la eliminación de las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos.
Según lo define el artículo 24 de esta ley, la declaratoria de alerta de violencia de género se emitirá cuando los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres perturben la paz social en un territorio determinado.
Dentro de este apartado, se contempla la elaboración de reportes especiales sobre la zona, así como de indicadores de violencia contra las mujeres y una partida presupuestaria que permita hacer frente a la contingencia de una alerta de violencia de género.
A tres años de que entró en vigor de la Ley General, “el balance es reprobatorio; en general ha sido lamentable, nada satisfactorio pero, sobre todo, habla de que las instituciones que procuran igualdad y justicia en este país, no están comprometidas con el progreso de la equidad y, sobre todo, para evitar a toda costa la continua violencia contra las mujeres", afirmó la senadora Claudia Corichi, del grupo parlamentario del PRD.
La senadora sostuvo que "es visible y clara la falta de compromiso en todos los niveles de gobierno tanto a nivel nacional como estatal para hacer efectiva esta Ley que ya tiene tres años y con patéticos resultados".

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