MÉXICO, DF, 17 de marzo (apro).- El director del Centro Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Luis Arriaga, consideró que la presión de organismos internacionales de derechos humanos incidió para que la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN) decidiera atraer el caso de las indígenas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, quienes purgan una condena de 21 años en un penal de Querétaro, luego que un juez las encontrara responsables del secuestro, en 2006, de seis agentes federales.
Luego de celebrar la decisión de los magistrados, Arriaga Valenzuela destacó que la “injusta detención de Alberta y Teresa, sujetas a una desmesurada sentencia impuesta por el juez cuarto de distrito, Rodolfo Pedraza”, fue tema de discusión en la sesión del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Nueva York.
Además, el caso se incluyó en el Reporte Anual sobre Derechos Humanos, que elabora el estadunidense Departamento de Estado, así como en la agenda del Parlamento Europeo.
Aunado a ello, ambas indígenas fueron declaradas “presas de conciencia” por Amnistía Internacional (AI).
El activista destacó que este jueves abogados del Centro Prodh participarán en la audiencia de vista en el Tribunal Unitario de Circuito de Querétaro, en el proceso de apelación contra la sentencia impuesta por el juez Pedraza.
“Lo que los abogados van a demostrar es que en Santiago Mexquititlán nunca ocurrió un secuestro, mucho menos contra servidores públicos, como ha alegado la Procuraduría General de la República (PGR), por lo tanto Alberta y Teresa no son responsables de ningún delito”, dijo Arriaga Valenzuela.
El director del Centro Prodh señaló que una vez que se desahogue la audiencia, el expediente será enviado a la Primera Sala de la Corte, luego que este miércoles los ministros decidieran atraer el caso en apego al artículo 105 constitucional.
“La SCJN tiene la oportunidad histórica de entrar a al fondo del asunto que motivó la injusta encarcelación y abre la posibilidad de que se pronuncie sobre las violaciones de derechos humanos de los pueblos indígenas, agravándose en el caso de las mujeres presas, lo que implica una doble discriminación, así como la utilización indebida de las instituciones de procuración de justicia para castigar el descontento social; ese es el fondo del asunto y en el que se encuentran muchos casos similares”, destacó Arriaga Valenzuela.
Señaló que la decisión de la SCJN fue recibida con “alegría y esperanza” por los abogados del Centro Prodh, y que esperan no sólo se reponga el procedimiento y se libere a Alberta y Teresa, sino que se fijen criterios “a favor de los derechos y la no discriminación de los pueblos indígenas, así como que se garantice el pleno acceso de las mujeres indígenas a la justicia, porque el caso de Alberta y Teresa es paradigmático”.
Sobre el punto de acuerdo presentado el martes pasado por el senador Manlio Fabio Beltrones, sobre la instalación de una comisión legislativa que investigue las violaciones a derechos humanos cometidas contra las indígenas, Luis Arriaga aclaró que el Centro Prodh no buscó el respaldo del priista sonorense, eso “que quede claro”.
Sin embargo, señaló que la de Beltrones es “una voz que se suma a la demanda de justicia, y aunque esa comisión no tiene facultades jurídicas para exonerar ni liberar a Alberta y Teresa, consideramos que está encaminada a visibilizar casos de injusticia como el de indígenas”.