Corte Interamericana aborda impunidad militar en Guerrero

miércoles, 14 de abril de 2010

MEXICO, DF, 14 de abril (apro).- Este jueves el gobierno de Felipe Calderón será sometido a un juicio internacional por mantener impunes durante ocho años a militares que violaron a una indígena guerrerense.
    En la sesión a realizarse en Lima, Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) analizará el expediente de Inés Fernández Ortega, indígena tlapaneca de Ayutla que fue agredida sexualmente por militares el 22 de marzo de 2002.
    En la asistencia legal de Inés Fernández participan el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan y el Centro de Justicia Internacional (Cejil).
    En la audiencia, la Corte analizará los informes periciales de tres expertas propuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los representantes de Inés, quien no asistirá a la sesión.
    Luego de diversas irregularidades en la integración de la averiguación previa por violación, que incluye la pérdida inexplicable de pruebas espermáticas, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero se declaró incompetente y remitió el caso a la Procuraduría de Justicia Militar.
    En junio de 2004, Inés Fernández presentó su caso ante la CIDH, instancia que en mayo de 2009 demandó a México ante la Corte después del desacato a recomendaciones de noviembre de 2008.
    De acuerdo a la demanda, la CIDH considera al Estado mexicano responsable de la violencia contra Fernández Ortega, así como por “la falta de debida diligencia en la investigación y sanción de los responsables de los hechos; la falta de reparación adecuada a favor de la víctima y sus familiares; por la utilización del fuero militar para la investigación y juzgamiento de violaciones a los derechos humanos; y por la dificultades que enfrentan las personas indígenas, en particular las mujeres para acceder a la justicia”.
    La CIDH pide al máximo tribunal de justicia regional que ordene una “investigación seria, imparcial y exhaustiva en la jurisdicción penal ordinaria para esclarecer los hechos”, así como “identificar a los responsables, sean militares o civiles, e imponerles las sanciones correspondientes. Asimismo, remitir al fuero civil todos los antecedentes de la investigación realizada en el fuero militar”.
    Además, reclama que se obligue al Estado mexicano a “adoptar las medidas necesarias para que la jurisdicción militar tenga un alcance restrictivo y excepcional, limitado exclusivamente a juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas, que por su propia naturaleza atenten contra bienes propios del orden militar”.
    En ese sentido, se pide que se adopten medidas legislativas, administrativas o de otra índole, necesarias para que “el fuero militar esté excluido de conocer violaciones a los derechos humanos, particularmente en casos de violencia sexual”.
    También se reclama que el gobierno mexicano garantice “a las mujeres indígenas el acceso a la justicia a través del diseño de una política que respete su identidad cultural”, así como la adopción de protocolos “para facilitar y fomentar la efectiva, uniforme y transparente investigación de actos de violencia física, sexual y psicológica, que incluyan una descripción de la complejidad de las pruebas, y el detalle de las pruebas mínimas que es preciso recopilar para proporcionar una fundamentación probatoria adecuada”.
    Así mismo, desarrollar programas de capacitación para funcionarios estatales que contengan normas internacionales establecidas en ese protocolo, e implementar programas de educación en derechos humanos para los miembros de las Fuerzas Armadas, en todos los niveles jerárquicos.
    Finalmente, se pide la reparación del daño, rehabilitación psicológica a favor  de la víctima y sus familiares y garantizar su seguridad, así como la de sus representantes frente a actos de persecución y hostigamiento en su contra, aparte del pago de costas y gastos legales.
   

Comentarios