MÉXICO, D.F., 21 de abril (apro).- La Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, con 369 votos a favor y cuatro abstenciones, sin hacer  las modificaciones propuestas por investigadores y especialistas en política exterior.

La ley, propuesta en el Senado desde el 8 de marzo de 2007 por la senadora priista Rosario Green, se convirtió, en palabras del diputado petista Porfirio Muñoz Ledo, en la “primera ley votada y aprobada” en la presente legislatura, que por cierto está llegando al término de su segundo periodo ordinario.

De acuerdo con los diputados, la iniciativa estaba ya publicada en la Gaceta Parlamentaria número 2984-IV, del pasado jueves, por lo que se “dispensó” la lectura del dictamen aprobado en la Comisión de Relaciones Exteriores, presidida por Muñoz Ledo, y se pasó a la votación.

La profesora investigadora Gabriela Sánchez Gutiérrez, jefa del Área de Investigación en Cooperación Internacional y Desarrollo del Instituto Mora, resume lo que contempla fundamentalmente esta ley:

“La creación de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, (AMEXCID); la formulación del Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo; la puesta en marcha del Registro Nacional de Cooperación Internacional; la creación de un Sistema de Información en la materia, y la creación de un Fondo Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo.”

Aunque hubo coincidencia en la necesidad de crear la agencia y establecer una regulación jurídica al tema de cooperación internacional, en el que México tiene la doble función de ser receptor y donante, hubo varios cuestionamientos al proyecto de la senadora Green.

Y así lo admitió el diputado Muñoz Ledo en su participación en la Cámara baja del pasado martes 13: “No todos quienes la objetaban quedaron conformes, pero se aprobó por unanimidad en la comisión.”

Subrayó que cuando se iniciaron los trabajos de la comisión que encabeza se abrió la discusión interna del proyecto y “el debate con las organizaciones y la sociedad”.

Y remató: “Fue un trabajo plural y abierto.”

Al diputado le interesaba, sin duda, remarcar este aspecto, porque justamente uno de los cuestionamientos al entonces proyecto legislativo fue la eliminación como sujetos de ley de las organizaciones no gubernamentales, que también realizan cooperación internacional en distintos ámbitos.

Pero, además, hubo señalamientos de especialistas por considerar que fueron excluidos de la discusión pública. Así lo dieron a conocer en el semanario Proceso número 1741, semanas antes de la aprobación de la ley.

Muñoz Ledo envió una misiva a la revista para refutar la ausencia de debate y anunció que varios diputados habían propuesto la organización de un foro en el mes de abril “para que las posiciones de distintos grupos parlamentarios y legisladores, así como de los expertos, sean ampliamente divulgadas”.

No hubo referencias a este foro en su intervención del pasado martes 13, y si se realizó, no intervinieron en él algunos de los especialistas que hicieron la crítica y se enteraron de la aprobación en los diarios.

En la misma carta, el diputado se refirió sólo a su “eventual” aprobación y se quejó de que se criticara al Legislativo por enviar a la congeladora varias iniciativas de ley, pero también de ser “censurado” cuando “intenta cumplir su responsabilidad... con profesionalismo y oportunidad”. Asimismo, afirmó que no había “precipitación ni procedimientos cerrados”.

Finalmente la ley pasó en la Cámara de Diputados y fue devuelta al Senado. Días antes, la investigadora Sánchez Gutiérrez señaló:

“La cooperación internacional para el desarrollo es sin duda un asunto de interés público, de ahí que es necesario que la sociedad civil y las instituciones académicas se involucren en este debate, toda vez que aún no concluye el proceso legislativo, pues está pendiente su envío a la Cámara de Senadores”.

 Ahora que ya está ahí es previsible su completa aprobación, pues había sido dictaminada en este cuerpo legislativo.

Muñoz Ledo, en tanto, anunció su propuesta de que se elabore “a la brevedad” un proyecto para reformar la Constitución en materia de política exterior, pues el artículo 89 confiere las facultades relativas al tema al Ejecutivo, cuando “somos numerosos los actores que participamos en un universo globalizado dentro de las Relaciones Exteriores”.

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