CHILPANCINGO, Gro., 26 de abril (apro).- Diputados locales condenaron el asesinato del líder estatal del Partido del Trabajo (PT), Reynaldo Hernández, acribillado por un comando el domingo en la mañana en la región de la Costa Chica.
También el excandidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, lamentó hoy el homicidio de Hernández García.
El político tabasqueño difundió en su cuenta de Twitter: “Lamento el asesinato de Reynaldo Hernández, dirigente del PT en Guerrero. Mi más sentido pésame a familiares amigos y compañeros”.
En tanto los legisladores locales afirmaron que la impunidad y la violencia que se viven en la entidad han rebasado a las autoridades estatales y mantienen en vilo a la ciudadanía.
Reprocharon además la falta de esclarecimiento de los asesinatos contra dirigentes perredistas, periodistas y ciudadanos que se han cometido en el gobierno de Zeferino Torreblanca que, según cifras oficiales, rebasan los 2 mil homicidios dolosos de 2005 a la fecha.
Las críticas se formularon durante la glosa del quinto año de la administración de Torreblanca Galindo ante el pleno legislativo, que comenzó este lunes con la comparecencia del secretario general de Gobierno, Guillermo Ramírez Ramos; el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, Heriberto Salinas Altés, y el encargado de despacho de la Procuraduría local, Albertico Guinto Sierra.
Al respecto, el diputado perredista Sebastián de la Rosa Peláez --en tribuna-- aseguró que los informes presentados por los funcionarios no reflejan la realidad que se vive en Guerrero:
“Tal parece que quieren ocultar la convulsión política y la ola de violencia que azota la entidad”, expresó.
Mientras, el también perredista Evodio Velázquez Aguirre consideró que actualmente la inseguridad es la “carta de presentación” en el país y, en particular de Guerrero, por lo que urgió a priorizar las medidas de prevención y menos reacción para revertir los efectos de la violencia e impunidad.
En su participación, el secretario de Seguridad Pública, Heriberto Salinas, aseguró que en esta administración se han incrementado considerablemente cinco tipos de delitos: homicidios dolosos, secuestros, extorsiones, robo de autos y privación ilegal de la libertad.
La causa, afirmó el general retirado, se debe a que en Guerrero existen todas las facetas del narcotráfico: producción, arribo de droga procedente de Sudamérica, acopio, trasiego y consumo de narcóticos.
Agregó que la ola de violencia, generada principalmente por la disputa de la plaza entre bandas de narcotraficantes, tiene a Guerrero en el tercer lugar en homicidios dolosos.
Y destacó que desde 2005 a la fecha han sido asesinados 101 policías estatales en diferentes emboscadas y enfrentamientos armados con delincuentes.
Luego defendió la participación del Ejército y la Armada en el combate al crimen organizado, al considerar que los cuerpos policiacos deben ser reestructurados "y, la fuerza más preparadas para enfrentar al narcotráfico", son los soldados y marinos, enfatizó Salinas.
De forma unánime, representantes de PRD, PRI, Convergencia, PAN, PT y Verde condenaron el asesinato del exalcalde de Tlacoachistlahuaca.
El también exdiputado local y dirigente estatal petista y delegado nacional de este partido, Rey Hernández, fue ejecutado por un grupo de sujetos armados con fusiles AK-47, quienes le dispararon desde una camioneta en movimiento cuando el líder partidista llegaba a su casa en la cabecera municipal de Ometepec, alrededor de las diez de la mañana.
También, la mayoría de los diputados locales que participaron en la prolongada sesión se enfocaron en criticar al representante de la Procuraduría, pues hasta el momento no ha esclarecido crímenes que han convulsionado el ambiente político en la entidad, como la ejecución del expresidente del Congreso estatal, Armando Chavarría Barrera.
También recordaron el asesinato de los dirigentes perredistas en la Costa Chica, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, así como el reciente homicidio del síndico de Coyuca de Catalán, Ignacio Ortuño Duarte, entre otros crímenes.
Ante las críticas, el responsable de la Procuraduría, Albertico Guinto, se limitó a prometer que, antes del 31 de marzo de 2011 --fecha en que concluye la actual administración-- serán esclarecidos estos asesinatos, en particular el de Armando Chavaría, cometido hace más de ocho meses.