Segob descalifica informe de la ONU sobre Copala

miércoles, 12 de mayo de 2010

MÉXICO, D.F., 12 de mayo (apro).- La Secretaría de Gobernación secundó a la cancillería en la descalificación del informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la emboscada a la caravana humanitaria que se dirigía a San Juan Copala, Oaxaca, en la que murieron dos personas, y aseguró también que el gobierno trabaja para dar protección a los periodistas.

La dependencia que encabeza Fernando Gómez Mont reconoció, en un extenso comunicado en respuesta a la ONU, su completa ignorancia sobre lo que sucede en la región triqui de Oaxaca, incluida la existencia de grupos paramilitares.

Al referirse a la emboscada perpetrada a una caravana humanitaria, presuntamente por un grupo paramilitar, el 27 de abril, en la que murieron la activista mexicana Beatriz Cariño Trujillo y Tyri Antero Jaakkola, de nacionalidad finlandesa, el gobierno federal atribuyó la violencia a conflictos intercomunitarios.

“La historia de la comunidad indígena Triqui, en el marco de la diversidad étnica del país, se ha desarrollado en un contexto de permanentes conflictos sociales y políticos, violencia, así como la persistente lucha por la defensa de su territorio, donde tres grupos están enfrentados desde hace tiempo y actualmente protagonizan enfrentamientos con saldos lamentables”, destacó la Secretaría.

Y así, “tomando en consideración dicho contexto, en donde cualquier visita a la zona se debe realizar en condiciones particulares de seguridad, el gobierno federal manifiesta que desconocía que esa caravana humanitaria se dirigía a dicha región, pues de haber tenido conocimiento, se les habría persuadido de no hacerlo o de lo contrario brindado la seguridad necesaria”.

Luego de que se enteró de los hechos, señasló la Segob en su comunicado, “el gobierno desplegó acciones para buscar a los señores David Venegas, Noé Bautista Jiménez, Erica Ramírez y David Cilia, quienes fueron localizados y puestos a salvo el 30 de abril, y la PGR atrajo las investigaciones, por lo que “reitera el firme compromiso de investigar y juzgar con la debida diligencia estas agresiones y asesinatos”.

Así mismo, en respuesta a los relatores especiales en materia de libertad de expresión, el gobierno de Felipe Calderón, aseguró la secretaría de Gobernación, “trabaja para garantizar la seguridad de periodistas y defensores de derechos humanos”, aunque ofrece detalles que no sustentan esa aseveración.

Por ejemplo, refirió que, a inicios de este año, se nombró un nuevo titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, dependiente de la Procuraduría General de la República, “con el objeto de revitalizar las acciones en esta materia”, y expuso que el Poder Legislativo “analiza diversas propuestas a fin de federalizar los delitos cometidos contra periodistas”.

Además, añadió en su respuesta a la ONU, los legisladores buscan incluir nuevas conductas delictivas que atenten contra la integridad de este gremio y establecer agravantes a delitos comunes cuando son cometidos en contra de periodistas, entre otros.

“Es de resaltar también que a nivel federal y en 17 entidades federativas se han despenalizado los delitos de calumnia, difamación e injuria.”

Además, según la Secretaría, “el gobierno mexicano mantiene un diálogo constante y permanente con organizaciones de derechos humanos y de periodistas, con el propósito de fortalecer las medidas para la prevención de agresiones y mecanismos de protección del sistema jurídico mexicano, con la colaboración de la CNDH y la asistencia técnica de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”.

Más adelante, destacó: “Es importante destacar que el Estado mexicano actúa bajo el escrutinio permanente de los organismos internacionales de derechos humanos, los organismos públicos de derechos humanos, las organizaciones no gubernamentales, los medios de comunicación y la opinión pública”.

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