GUANAJUATO, Gto., 11 de junio (apro).- La procuraduría general de Justicia de esta entidad interpuso hoy un recurso de apelación ante el Supremo Tribunal de Justicia de Guanajuato por la sentencia impuesta al cura pederasta, Laurencio Pérez Mejía, de 4 años tres meses, lo que le permitirá purgar su condena en prisión únicamente los fines de semana.

De acuerdo con la PGJ, la sentencia emitida por el juez penal Carlos Alberto Lamas resulta “demasiado benévola e incorrecta”, sobre todo, cuando el procesado admitió su responsabilidad en el delito por el fue juzgado, de corrupción de menores.

El Código Penal del estado prevé este tipo de beneficios –semilibertad en la modalidad de externación-- cuando la sentencia por el delito de corrupción de menores tipificado en el artículo 237, es menor a cinco años de prisión.

La corrupción de menores se castiga en Guanajuato con penas de 3 a 8 años de prisión. El juez optó por aplicar una sentencia media.

El Poder Judicial explicó que al sacerdote “le fueron negados los beneficios de condena condicional y conmutación de la sanción” por alternativas como trabajo comunitario, pero sí alcanzó la semilibertad condicionada.

Con ello, el sacerdote podrá gozar de su libertad de lunes a viernes y dormir sólo los sábados y domingos en el centro penitenciario, gracias al beneficio otorgado por el juez Llamas Morales.

El cura deberá depositar una caución de 8 mil pesos como garantía de que volverá los fines de semana a prisión.

El juez Llamas Morales informó ayer a la agencia Apro que dictó sentencia por 4 años y medio al sacerdote Laurencio, y que ésta fue aceptada los abogados del prelado y por el Ministerio Público.

Sin embargo, el Ministerio Público anunció que apelará la decisión, según informó la Procuraduría de Justicia, dependencia que dio a conocer que junto con la pena corporal el inculpado cubrirá una multa de 60 días de salario mínimo determinada también por el juez, que equivale a 2 mil 643 pesos.

El clérigo también costeará la atención sicológica que requiere la víctima, una menor de edad a la que acosaba cuando era párroco en el templo de San Luis Rey, en San Miguel de Allende, por lo que fue denunciado en noviembre del 2005.

El juez estimó que el costo de ese tratamiento para atender las secuelas que según los dictámenes periciales sufre la víctima, es de 10 mil pesos.

La apelación de la Procuraduría de Justicia fue turnada a la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal, a cargo del magistrado José Miguel Cortés Lara, quien determinará si confirma o revoca la sentencia.

El sacerdote había apelado esta sentencia, pero luego se desistió, informó el Poder Judicial del estado.