CANANEA, Son., 9 de junio (apro).- La defensa legal de los trabajadores de la Sección 65 del sindicato minero calificó hoy de ilegal la toma de las minas de Cananea y Pasta de Conchos.

En una asamblea realizada esta mañana, el abogado Luis Chávez  sostuvo que la intervención gubernamental “carece de toda lógica jurídica y apego a los derechos fundamentales”, por lo que no dudó en calificarla como un “montaje para violentar el derecho de huelga”.

Ante decenas de mineros, el jurista refirió que  el pasado viernes 4, cuando la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) declaró infundada la huelga en Cananea, el gobierno federal y Grupo México iniciaron una serie de acciones que derivaron en la ocupación violenta de la mina.

El laudo, dijo, iba a ser rebatido en otras instancias por la vía constitucional, mediante un amparo, pero que las autoridades se adelantaron y emprendieron “un intrincado manejo judicial”.

Tal es el caso, subrayó, de la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) para cuantificar los supuestos daños a las instalaciones. Para ello, dijo, la PGR pidió el apoyo de la Policía Federal, pero el Ministerio Público ni siquiera acudió a lo que se suponía era una diligencia de cuantificación, motivo del desalojo.

Según el abogado, a lo largo de casi tres años de huelga, la mina ha sido compartida con guardias privados contratados por Grupo México, y cuando el Ejército o cualquier autoridad lo han solicitado, se les ha permitido la entrada, de manera que la ocupación violenta, añadió, no tenía ningún sentido.

Asimismo, explicó que las acusaciones contra cinco trabajadores detenidos el pasado domingo 6 apuntaban a que ellos habían provocado un supuesto incendio en la Puerta 3, pero eso, dijo, jamás existió, lo que obligó al agente del Ministerio Público local a poner en libertad a los aprehendidos, no sin antes cumplir 48 horas de encierro.

Estas acciones, jurídicamente inconexas pero políticamente montadas, se acompañaron del anuncio de inversiones, como una carretera, sistema de agua y otros, señaló.

Durante la asamblea, Luis Chávez y el dirigente de la Sección 65, Sergio Tolano, censuraron también las declaraciones de los secretarios de Gobernación y del Trabajo, Fernando Gómez Mont y Javier Lozano, respectivamente, en el sentido de que la intervención policiaca fue pacífica.

Ambos dirigentes sostuvieron que en el desalojo resultaron golpeados varios menores.

Otro exceso de los federales, dijeron, fue la golpiza que se llevó Martín Zambrano, hijo del periodista Benjamín Zambrano, quien fue agredido cuando tomaba fotografías a los policías federales.

Y también acusaron a los gobernadores de Sonora y Coahuila, Guillermo Padrés y Humberto Moreira, respectivamente, por el apoyo que dieron a Grupo México.