Exonera el PRI a Ulises Ruiz de juicio político por revuelta social del 2006

jueves, 12 de agosto de 2010

OAXACA, Oax., 12 de agosto (apro).- Con 25 votos a favor y 11 en contra, la mayoría priista de la LX legislatura local aprobó el dictamen que presentó la Comisión Permanente Instructora en el que se libera de cualquier responsabilidad al gobernador Ulises Ruiz Ortiz de la revuelta social de 2006 y, por ende, del juicio político.
La diputada del PAN, Perla Woolrich Fernández, dijo que los diputados priístas “empleados del gobernador tontamente piensan que esto va a causar cosa juzgada como en las sentencias, pero no les va a salir bien la jugada porque si Ulises Ruiz movió el avispero, ahora que se aguante”.
Su afirmación la soporta en que dos denuncias de juicio político que siguen vigentes contra el gobernador Ulises Ruiz.
Sin embargo, dijo, “sospechosamente no se presentaron por el Oficial Mayor, lo que revela que todos están en complicidad para favorecer al Ejecutivo estatal”.
Según la legisladora panista, la decisión de la mayoría priista no impide que Ulises Ruiz sea juzgado por el Congreso de la Unión; esto sin contar, dijo, que se puede recurrir a otros tribunales como la SCJN o la Procuraduría General de la República.
Durante la sesión que se alargó casi cuatro horas, el presidente de la Comisión Instructora, Etelberto Gómez Fuentes, manifestó que respecto a la denuncia del diputado Cristóbal Carmona Morales en el sentido de que el gobernador Ulises Ernesto Ruiz Ortiz incurrió en las violaciones al artículo 81 de la Constitución de Oaxaca, se concluyó que:
“Ninguna de las hipótesis contenidas en esta disposición resultan violentadas por el gobernador del estado y mucho menos que esté acreditada con el dictamen de la facultad de investigación 1/2007, que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación…”
Por lo que respecta a las violaciones a las garantías individuales cometidas en el desalojo efectuado a partir del 14 de junio de 2006, reconoció que, si bien hubo errores en la planeación y ejecución del operativo “no hay elementos objetivos para señalar participación y mucho menos responsabilidad al C. Gobernador Constitucional de Oaxaca”.
En otros términos, se detalla en el documento, “no se acredita su participación directa e indirecta en los hechos del desalojo, puesto que no emitió la orden ni tampoco fue encargado de planear y ejecutar el operativo”.
Para exculpar al gobernador, el dictamen señala que “la orden, según lo establece la facultad de investigación 1/2007 en fojas 872 y 873, fue emitida por un agente del Ministerio Público por denuncia presentada por el síndico y secretario municipal.
Sin embargo, quienes planearon y ejecutaron el operativo fueron: el director general de Seguridad Pública, Manuel Vera Salinas; el director de la entonces Policía Ministerial, Manuel Moreno Rivas, y el director de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial, Alejandro Barrita López. Este último fue ejecutado en enero de 2008, al igual que el excoordinador de la policía municipal, Aristeo López, en enero de 2009
En relación con las violaciones a las garantías individuales cometidas en el operativo efectuado del 29 de octubre de 2006 al 24 de enero de 2007, se señala que el plan rector del operativo estuvo a cargo de 12 comandantes de la Policía Federal Preventiva y en ningún momento se desprende evidencia que haya existido participación directa o indirecta del gobernador del estado”.
En síntesis, la Comisión Instructora “da por concluido el procedimiento de juicio político iniciado en contra del gobernador Ulises Ernesto Ruiz Ortiz (…) al no haberse encontrado elementos para su continuación”.
Y en términos del artículo 19 primer párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca, se declara que no encontrando responsabilidad alguna atribuible al gobernador Constitucional del Estado, Ulises Ernesto Ruiz Ortiz, ni por acción ni por omisión, ni directa, ni indirecta, no ha lugar a proceder en su contra por los hechos materia de denuncia que dio origen a este procedimiento de juicio político”.
Sin embargo, 11 diputados de oposición del PAN, PRD, Convergencia y uno del Partido Social Demócrata, cuestionaron el dictamen del expediente 19/2010 porque, en su opinión, fue elaborado desde la secretaría de Gobierno y existen “irreparables inconsistencias y omisiones que conculcaron el debido proceso de integración y perfeccionamiento de la litis planteada”.
Y enumeraron: ningunearon el dictamen de la SCJN emitido el 14 de octubre de 2009, mientras que a la denuncia del diputado Cristóbal Carmona Morales, expulsado de la dirigencia estatal de Nueva Alianza por ser incondicional de Ulises Ruiz Ortiz, en 15 días recibieron, dieron entrada y dictaminaron.
Refieren que la celeridad de la solicitud hecha por Carmona Morales violó el marco jurídico del Congreso, al no incluirse en el orden del día respectivo; además contravino el acuerdo parlamentario de presentar documentos con 24 horas de anticipación a la celebración de las sesiones; ilegalmente se suprimió el término de 30 días para allegarse de mayores medios de convicción y renunciaron mañosamente a dicho plazo a fin de acelerar el trámite faccioso.
Otra irregularidad es que la Comisión Instructora contaba con un plazo de 8 días para formular conclusiones, sin embargo, los diputados priistas nunca convocaron al resto de los convocantes para deliberar.
Al final, la aplanadora priista aprobó el dictamen, aunque el diputado Benjamín Robles dijo que el verdadero juicio popular ya lo hizo la ciudadanía el pasado 4 de julio y que no van a parar hasta ver en la cárcel a Ulises Ruiz Ortiz.

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--FIN DE NOTA--

EO

 

OAXACA, Oax., 12 de agosto (apro).- La Comisión Instructora del Congreso local con mayoría priista, desechó este jueves el dictamen de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) que inculpaba al gobernador Ulises Ruiz en las graves violaciones a las garantías individuales y a la Constitución local registradas durante el movimiento político-social de 2006.

“No existen elementos para continuar el juicio político a Ulises Ruiz Ortiz. El gobernador no es responsable ni por acciones ni por omisiones, ni directa ni indirectamente, de la denuncia de juicio político que presentó Cristóbal Carmona Morales”, dijo el presidente de la Comisión Instructora, el priista Etelberto Gómez Fuentes.

En respuesta, las bancadas del PAN, PRD, PT y Convergencia advirtieron que después de esa “farsa” y “circo”, interpondrán un recurso de inconstitucionalidad ante la SCJN

El diputado de Convergencia, Benjamín Robles Montoya, afirmó que el dictamen está plagado de irregularidades, mismas que, dijo, tienen alcance jurídico por no haber respetado los plazos tanto de notificación como de investigación, emitiendo una resolución improvisada que establece que “al no haberse encontrado elementos” de responsabilidad se archivaría el expediente como “asunto total y definitivamente concluido”.

Previo a la sesión de este jueves, la última del último periodo ordinario de sesiones de la LX Legislatura local, el Congreso oaxaqueño fue blindado con policías en su interior.

En tanto, organizaciones afines al Partido Revolucionario Institucional (PRI) cerraron los accesos para evitar la cercanía de otras protestas durante la votación del dictamen, en el que finalmente se reconoció la “inocencia” del mandatario estatal y ordenó archivar el expediente.

Sin embargo, pese a que los trabajadores de base fueron obligados a llenar las graderías del salón de plenos para evitar el ingreso de opositores al dictamen, supuestamente “elaborado desde la secretaría de Gobierno”, algunos familiares y dirigentes sociales se colaron al recinto legislativo.

Ya dentro, los inconformes exhibieron pancartas con varias consignas, entre ellas: “Juicio real, no circo”, “Diputados, no traicionen la voluntad del Pueblo”, “Diputado Carmona, títere de Ulises, esquirol, traidor”, “Castigo y cárcel para Ulises Ruiz Ortiz”, “Exigimos justicia por los asesinatos y presos políticos”.

En tanto, afuera del recinto legislativo se realizó una protesta de maestros para exigir “justicia y castigo real al asesino” Ulises Ruiz Ortiz.

Por la mañana, la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), organizaciones de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y partidos de oposición al PRI calificaron de “simulación” la solicitud de juicio político contra el gobernador, dado que el solicitante –el diputado local por el partido Nueva Alianza, Cristóbal Carmona– es identificado con el grupo priísta en el poder.

Los inconformes aseguraron que ese juicio “a modo” sólo buscaba cerrar el paso a la posibilidad de llevar a juicio político a Ulises Ruiz con posterioridad, bajo el principio legal que defiende que nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo delito.

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