MÉXICO, D.F. (apro).- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) presentó este lunes a Gerardo de León Jiménez, Papá, y Antonio Camacho Jaco, Bogar, presuntamente implicados en el incendio del casino Royale, ocurrido el pasado 25 de agosto en Monterrey, Nuevo León, y que provocó la muerte de 52 personas. En las instalaciones de la Policía Ministerial del estado (PM), los dos sujetos –a quienes además se les atribuye una serie de ejecuciones y plagios, y de distribuir droga en la zona norte de Monterrey– fueron presentados junto con dos de sus cómplices: Alejandro Ramos Cabrera, Gordo o Chino; y Rubén Cruz Hernández, Perril. De acuerdo con la dependencia, tras su detención, ocurrida el pasado viernes 21, Bogar y Papá confesaron haber participado en el incendio del casino Royale, en el que murieron 52 personas. Los detenidos manifestaron pertenecer al grupo delictivos de Los Zetas, y admitieron que han participado en diversas actividades ilícitas. Según la Sedena, dentro de la investigación se confirmó que Camacho Jaco también se dedicaba al robo de vehículos, homicidios, secuestros y trasiego de drogas, así como en dar seguimiento a las actividades de autoridades laborales. Además, Bogar era subordinado de José Alberto Loera Rodríguez, El Voltaje, presunto autor intelectual del incendio y que fue detenido semanas atrás por autoridades federales. Durante la presentación de los detenidos la Sedena señaló que Camacho Jaco fue quien introdujo los galones de gasolina al interior del casino. Asimismo, se le acusa del asesinato de la familia del policía Miguel Ángel Barraza García, quien es investigado por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) por participar en el ataque ocurrido el pasado 25 de agosto. La Sedena precisó que tras la captura de los dos implicados en el multihomicidio –a quienes se les aseguraron dos armas largas, dos cargadores, 47 cartuchos y dos vehículos con reporte de robo– suman ya 15 detenidos, pero aún faltan más, por lo que autoridades federales y castrenses, en conjunto con las de Nuevo León, mantienen su búsqueda para procesarlos penalmente.