A dos meses del incendio en el Royale aún no existe dictamen

martes, 25 de octubre de 2011
MONTERREY, N.L. (apro).- Dos meses después del incendio en el casino Royale que causó la muerte a 52 personas, no existe peritaje alguno sobre las causas que provocaron el siniestro, pues tanto la Procuraduría General de la República como el gobierno de Nuevo León, siguen discutiendo sobre cuál es la instancia que debe elaborarlo. Desde que ocurrió el ataque, el 25 de agosto, el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz se ha encargado de decir que la PGR elaboraría el dictamen; sin embargo, este martes, la Procuraduría General contradijo al mandatario nuevoleonés, al asegurar en un comunicado que es la Procuraduría de Justicia del estado (PGJ) la instancia que debe hacerlo. El vocero de seguridad en el estado, Jorge Domene, anunció en días pasados que el peritaje de la PGR estaría listo para el 21 de octubre, pero al llegar esa fecha, el gobernador Medina dijo que la PGR no había entregado el reporte. El 14 de septiembre, durante la presentación de las fotografías de los sospechosos involucrados en el ataque contra el centro de apuestas de la colonia San Jerónimo, el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, José Cuitláhuac Salinas Martínez, explicó que las pesquisas se habían dividido: Por un lado el gobierno del estado efectuaría la localización, identificación y levantamiento de los cadáveres; interrogaría a testigos y buscaría al propietario del casino. Para ello abrió la averiguación previa 215/2011-IV-2. La PGR, por su parte, se encargaría de la investigación científica pericial y la operación del establecimiento, dentro de la averiguación AP/PGR/NL/MPFDC/2637/D/11. Sin embargo, hoy al mediodía la PGR dio a conocer hoy que concluyó ya la primera etapa de las investigaciones conjuntas efectuadas por PGR y PGJ para encontrar motivos y responsables del incendio a la casa de apuestas para deslindar responsabilidades, consignar y solicitar las respectivas órdenes de aprehensión. Sin embargo, al final del boletín, la PGR responsabiliza al gobierno de Nuevo León de la tarea de hacer el peritaje. “Con motivo de las investigaciones que se llevan a cabo, a la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León corresponde determinar las causas y factores que influyen en el incendio, así como cuál fue la razón determinante de los homicidios, lesiones y daño en propiedad ajena; por ello, corre a su cargo, la realización de los dictámenes de seguridad industrial, protección civil, ingeniería civil y arquitectura.” “En ese sentido, la Procuraduría General de la República, únicamente actúa en colaboración con la Procuraduría General de Justicia del estado de Nuevo León”, aclaró la dependencia federal. Al hacer un recuento de los avances de las investigaciones, la PGR señaló que la institución investiga los delitos federales de delincuencia organizada, contra la salud, acopio y portación de armas y la información relativa a la operación del establecimiento. Hasta este martes, han sido arraigados tres líderes zetas que perpetraron el ataque: Roberto Carlos López Castro, José Alberto Loera Rodríguez y Miguel Ángel Barraza Escamilla, cuya medida cautelar vence entre el 8 y 22 de noviembre. Hay varias líneas de investigación abiertas a cargo de la Subprocuraduría de Control Regional, en particular la relacionada con un grupo de zetas que opera en Monterrey. Aún resta por detener a Francisco Medina Mejía, El Quemado, y Baltazar Saucedo Estrada, El Mataperros o El Comandante Mataperros, integrantes de “alto rango” de la organización que presuntamente planificaron el incendio y ordenaron su ejecución. La Procuraduría de Nuevo León mantiene arraigados a cinco autores materiales del incendio y ya prepara su consignación para pedir las órdenes de aprehensión correspondientes. El anunció de la PGR desconcertó a legisladores locales, como a la panista Brenda Velásquez, quien, desconcertada, dijo que ella, “al igual que todos”, suponía que sería la instancia federal la que se encargaría de efectuar los peritajes y las investigaciones. Ahora, sentenció, le pedirá a la Procuraduría estatal que agilice las investigaciones, si le corresponde encabezar las pesquisas.

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