TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (apro).- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ejecutó una nueva orden de captura –la cuarta-- en contra del exgobernador Pablo Salazar Mendiguchía, ahora como probable responsable de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recurso de procedencia ilícita. En un comunicado, la dependencia dio a conocer que tienen diversos elementos de prueba que señalan al exfuncionario de fungir como “promotor” del Corporativo Álvarez Puga&Asociados, encargado de crear empresas ‘fantasma’ bajo el diseño “Outsourcing”, con la finalidad de evadir el pago de obligaciones y derechos al fisco. La PGJE dijo que, de acuerdo con el expediente penal, derivado de la averiguación previa 043/FECDO/2011-05 integrada por la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada de la Procuraduría de Chiapas, el indiciado percibió cantidades millonarias de forma ilícita, como beneficiario de la empresa denominada “Consultoría Organizacional de Negocios SC”. Mencionó que la Dirección de Prevención y Registro Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública documentó que, al concluir su gestión como gobernador, Salazar Mendiguchía contaba con dos cuentas de cheques que sumaban un total de 687 mil 860.96 pesos. Dicha cantidad, dijo, no coincide con lo declarado ante el Servicio de Administración Tributaria, toda vez que, sólo en el Ejercicio Fiscal del 2006, el exmandatario declaró ingresos por un monto de dos millones 318 mil 979 pesos. El marco de la integración de la averiguación previa correspondiente la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada, la PGJE de Chiapas dijo que se investiga también a José Antonio Aguilar Bodegas, quien, en su carácter de Director General y Socio del Despacho Álvarez Puga&Asociados, marcó las directrices necesarias para que sus subalternos dispusieran y transfirieran recursos de diferentes cuentas bancarias, viéndose beneficiado como lo comprueban los peritajes contables realizados por la Procuraduría de Chiapas. En este sentido, existen los elementos de cargo que dan cuenta de una serie de depósitos a favor de José Antonio Aguilar Bodegas por cantidades que van de los 500 mil al millón de pesos mensuales. Asimismo, se conoció que la empresa Aeraruim SA de CV, tiene como trabajador a José Antonio Aguilar Bodegas con sueldo de un millón cinco mil novecientos cuarenta y cinco pesos, lo que contrasta con lo declarado por él mismo, al afirmar que percibía 150 mil pesos mensuales por su trabajo como Director General y socio del mencionado despacho. El sistema bajo el que opera el corporativo Álvarez Puga&Asociados ofrece al empresario encargarse en un 100% de los asuntos laborales de la empresa, en lo que refiere a impuestos federales, impuestos locales, pago de seguro social, fondo de vivienda, entre otros. El corporativo ofrece a sus clientes evitar el pago de dichas obligaciones, para lo cual firma un contrato de prestación de servicios entre el empresario y Álvarez Puga, creando empresas ‘fantasma’. El modus operandi consistía en enganchar a empleados de las empresas originales, a quienes ofrecían diversas cantidades con la finalidad de hacerles creer que pasarían a ser dueños, haciéndoles firmar documentos donde efectivamente aparecían como propietarios y presidentes. Además, le hacen entrega de las chequeras de la nueva empresa, documentación que es firmada en blanco lo que les permite continuar realizando movimientos financieros. A la nueva empresa le denominan “Integradora”, la cual contrata a los empleados pero lo hacen bajo los esquemas de ‘sociedad cooperativa’, ‘sociedad en nombre colectivo’, ‘sociedad solidaridad social’, ‘sociedad anónima’ o ‘asociación en participación’, por lo que en lugar de aparecer como empleados pasan a ser socios cooperativistas, industriales o asociados y, de esta forma, evadir impuestos. Sólo en el sureste del país, el sistema operaba las empresas conocidas como “Angus”, “Italianis”, “Papa Bills”, Café Punta del Cielo”, “Classico” y “Escenario”. Ambos políticos mantienen fuertes disputas políticas con el actual gobernador Juan Sabines Guerrero. Aguilar Bodegas perdió los comicios antes Sabines Guerrero por un estrecho margen de diferencia, apoyado éste por su antecesor Pablo Salazar Mendiguchía actualmente preso en el penal de Huixtla. Aguilar Bodegas publicó ayer un desplegado en el diario Reforma, en el que acusó a Sabines Guerrero de "aplicar un régimen de terror y persecución política contra quienes considera adversarios a vencer en la próxima contienda electoral". Además, dijo que Sabines se ha encargado de judicializar la política-electoral en Chiapas al ordenar a jueces librar órdenes de aprehensión contra varias personas, entre ellas él, en un intento por impedir su participación en la próxima contienda por la gubernatura. “En Chiapas se vive un régimen de terror del todo inaceptable en los tiempos actuales. Ha ordenado a los jueces librar órdenes de aprehensión contra muchas personas, varias de esas órdenes son en mi contra, sin fundamento, solamente para impedirme participar en el proceso electoral que se avecina”, dijo Aguilar Bodegas. Salazar Mendiguchía dijo ayer en una audiencia ante el juez del ramo penal en Huixtla, donde escucho poscargos por homicidio relacionado con la muerte de bebés recién nacidos en el hospital de Comitán,  que él es “un preso político” y “rehén de ambiciones reeleccionistas” luego de conocer las acusaciones leídas en 10 tomos por un juez del ramo penal en el marco de una audiencia que duró alrededor de cuatro horas en la prisión de Huixtla donde se encuentra recluido. Por tal motivo, pidió al Senado “intervenir en Chiapas antes de que se ponga en mayor riesgo la frágil gobernabilidad”.