MÉXICO, D.F. (apro).- Cinco años después de que asumió el poder y de que puso en marcha su guerra contra el narcotráfico, el presidente Felipe Calderón anunció hoy siete medidas para respetar los derechos humanos, en los que inclusive redunda en aspectos que, por ley, deben cumplirse. Al entregar el Premio Nacional de Derechos Humanos, la tarde de hoy en Los Pinos, Calderón hizo su anuncio como parte de lo que él llama la nueva y última etapa de su estrategia contra la delincuencia organizada. El anuncio de Calderón se da en un contexto marcado por las numerosas denuncias que apuntan a militares, policías federales y, especialmente, marinos, como violadores de los derechos humanos al llevar a cabo sus operaciones a lo largo del país, así como por los numerosos casos documentados por organismos internacionales que incluyen ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, torturas y detenciones arbitrarias entre otras violaciones a garantías. Sin embargo, luego de negar una y otra vez responsabilidades, esta tarde Calderón admitió que durante el desarrollo de su política de seguridad han ocurrido violaciones a derechos fundamentales, las cuales calificó de “repudiables e inadmisibles”, aunque aclaró que no forman parte de una política institucional ni son sistemáticas. Dicha admisión, destaca también porque desde hace tiempo se ha ventilado la inquietud de diversos sectores de la sociedad, porque Calderón sea juzgado en tribunales internacionales, como la impulsada por un grupo de 23 mil personas, entre académicos, activistas y sociedad civil, que presentó hace unas semanas una demanda de juicio contra el mandatario, en la Corte Penal Internacional (CPI). La admisión surge luego de que apenas hace un mes, Calderón reaccionó ante las denuncias del prestigiado organismo internacional Human Rigths Watch (HRW), que documentó numerosos crímenes de cuerpos del estado mexicano, afirmando que los derechos humanos los violan los criminales y no el gobierno, una justificación que había lanzado desde hace tiempo.   Las medidas de la “nueva” etapa Los siente planteamientos que hizo Felipe Calderón constituyen una admisión tácita de la ilegalidad y la violencia desatada por los cuerpos militares y de Policía Federal, pues reconocen acciones cometidas en todo el país. Por ejemplo, en el punto número uno, el presidente de México señala: “Se asegurará de que la participación de las fuerzas armadas en la lucha por la seguridad de los mexicanos se dé en todo momento con apego a la legalidad y los derechos humanos. Para que todas las dependencias actualizarán sus disposiciones y pondrán atención para el uso legítimo de la fuerza, en relación con detenciones y puestas a disposición de la autoridad, sea el Ministerio Público o el juez, en la preservación de evidencias y cadena de custodia”. El segundo punto forma parte de los reclamos que el gobierno mexicano ha ignorado en los últimos cinco años y, en especial, a partir de que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, pusiera en el tapete de discusiones los mismos planteamientos sin recibir respuesta desde mediados del presente año. Hoy, Calderón planteó como parte de su “nueva etapa” que se avanzará en el registro del ADN de los fallecidos y personas no localizadas, expresión utilizada para por “desaparición forzada”, como aseguran activistas y familiares de las víctimas. En ese sentido, exhortó a las procuradurías de los estados a contribuir en las diligencias y anunció que enviará una nueva iniciativa de víctimas al Congreso para fortalecer la Procuraduría Social de Atención a Víctimas, que recién creó hace unas semanas. En otro punto, dijo que fortalecerá la política de colaboración con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que se abrirá al escrutinio de organismos internacionales. El anuncio es relevante, pues sistemáticamente ha descalificado y rechazado los pronunciamientos precisamente de organismos como el mencionado HRW y de Amnistía Internacional. También se comprometió a cumplir, con algo que de hecho es su obligación hacer, con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y, extrañamente, llamó a los gobiernos y poderes a cumplir con esas resoluciones. Otro punto, tiene que ver con intensificar la capacitación de servidores públicos para evitar que se cometan violaciones a derechos humanos. El viraje del discurso de Calderón, incluye en el punto seis, el compromiso a la protección de los defensores de derechos humanos y de los periodistas, algo que desde 2007 se la ha pedido con insistencia, en un contexto en el que al menos tres activistas relacionados con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, han perdido la vida. Y también, en el momento en que el sacerdote Alejandro Solalinde, enfrenta a la Procuraduría General de la República y al Instituto Nacional de Migración, acusado del delito de “abandono de persona”, cuando su labor social es, precisamente, refugiar a inmigrantes indocumentados. En el mismo punto, replantea –con un llamado a explorar mecanismos de protección de candidatos y activistas políticos– la amenaza que ha repetido a lo largo de la semana, sobre el involucramiento del narcotráfico en procesos electorales a partir de su afirmación, sin que medie acción legal, de que la derrota electoral de su hermana Luisa María, en Michoacán, fue producto de la delincuencia organizada. El último punto, es también un añejo reclamo de organismos nacionales y extranjeras sobre el fuero militar; y consiste en la supuesta instrucción para que la PGR y la Sedena, en casos de violaciones a derechos humanos cometidas por su personal, declinen la competencia militar y se procesen en fiscalías y juzgados civiles. Esa última instrucción, también había sido rechazada por el presidente Calderón en los últimos cinco años.