MÉXICO, DF, 26 de abril (apro).- Este martes el PRI cedió finalmente a las demandas de la oposición, enarboladas por PRD, PT, Convergencia y PVEM, sobre las reformas a la Ley de Seguridad Nacional.
En principio, el Revolucionario Institucional aceptó que se prohíba la intervención de las Fuerzas Armadas en manifestaciones de orden político, social, electoral o laboral; además, acotó la libre facultad del Ejecutivo para que intervengan los militares en estos casos, y puso como “candado” que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analice la posible inconstitucionalidad del actuar castrense.
Incluso, introdujo nuevamente el tema del fuero militar y dejó en claro que cuando elementos militares comentan un ilícito o abuso de fuerza, puedan ser juzgados por autoridades civiles.
    En lo que fue la tercera reunión del grupo especial que se conformó por acuerdo de la Junta de Coordinación Política el pasado 14 de abril, el priista Alfonso Navarrete Prida, encargado de la elaboración de las reformas, aceptó los cambios exigidos por la oposición, entre los que también destacan el que no se puedan suspender las garantías individuales de acuerdo a un “protocolo” que fijaría el propio Consejo Nacional de Seguridad.
    Otro de los cambios que se incorporarán es que toda la información generada en materia de seguridad nacional se regirá por las disposiciones de la Ley de Transparencia.
    Asimismo, Navarrete Prida aceptó incluir la palabra “lícitos” cuando se trate de obtener información en materia de inteligencia.
Es decir, se establece que todos los medios por los que los militares se alleguen información en materia de inteligencia deberá ser obtenida sólo por medios “lícitos”, y con esto se cierra el paso a que lo hagan a través de “cualquier método”, como se establecía en la propuesta empujada por el PRI y la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena).
    También se aceptó que cuando se hagan revisiones, “no puede haber investigación alguna que no esté bajo el sustento de un posible delito”.
    Los cambios fueron propuestas de PRD, PT, Convergencia y PVEM.
    El vicecoordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Pablo Escudero, anunció los cambios hechos a la minuta, y el priista Alfonso Navarrete Prida confirmó a detalle las modificaciones.
    Navarrete Prida también anunció que las reuniones del grupo de trabajo concluyeron este martes “con una serie de modificaciones a la propuesta original, que creo que enriqueció mucho” el proyecto.
    Sobre los “candados” introducidos a la reforma, Navarrete Prida detalló: “Se eliminó la excepción y quedó una prohibición de que el Ejercito participe” en manifestaciones de tipo electoral, laboral, administrativo o político.
    “Hubo una propuesta de que tratáramos de darle mayor control constitucional al Poder Judicial de la Federación, y se adicionó una fracción que dice que la Suprema Corte podrá revisar la constitucionalidad de estas declaratorias de afectación a la seguridad interior, con lo cual queda un equilibrio mucho más marcado y claro.
    “Adicionalmente, se especificó con claridad que el fuero que rige toda esta ley y esta minuta es el fuero civil, que ése nunca estuvo a discusión. Es una ley administrativa que entra en el campo de lo civil y no en el campo del fuero militar. Si los militares van a entrar a actuar con los civiles, el fuero que rige es el civil, porque el fuero militar se basa en órdenes, y el civil en garantías constitucionales.
    “En la declaratoria de afectación introdujimos el tema de que el protocolo de actuación tiene que ceñirse escrupulosamente a las garantías individuales y a los derechos humanos, que quede como una manifestación expresa por parte de la ley y que no haya confusión ni dudas”.
    En el caso de la información que se genera en materia de seguridad nacional, “se rige por las disposiciones de la Ley de Transparencia y, la palabra ‘lícitos; es decir, que los medios por los cuales se alleguen de información sean lícitos”, detalló Navarrete Prida.
    Ahora será la Junta de Coordinación Política la que defina si se dictamina en cinco comisiones, o determina que sea en una para que pase al pleno el jueves 28, con la posibilidad de que se vote y pueda ser enviada al Senado de la República para que se discuta y apruebe el 30 de abril, fecha en que concluye el actual periodo ordinario de sesiones.
    Sin embargo, hasta ahora el Senado no conoce todos los cambios que se están procesando, aunque advirtió que si su minuta estaba “muy cambiada”, no se aprobaría.
    Por otra parte, los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), alrededor de 40, advirtieron en rueda de prensa que no dejarán pasar la reforma si se violentan los derechos humanos, las garantías individuales o se abre la posibilidad a establecer el estado de sitio.
    En tanto, el presidente de la Comisión de Gobernación, Javier Corral, dijo que la minuta, tal como fue dada a conocer, no pasará, y que se tiene que aprobar como llegó del Senado. Esta comisión es una de las cinco a las que se turnó el proyecto.
El panista Corral también demanda que la iniciativa se dictamine en la comisión que encabeza.