MÉXICO, D.F. (apro).- La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Patricia Espinosa, admitió que en México aún existe la práctica de la tortura, sin embargo, aclaró, se trata de “casos aislados", violatorios de los derechos humanos. No es, dijo, una práctica de Estado ni sistemática. En conferencia de prensa, Espinosa señaló que en el informe “Avances y desafíos en materia de derechos humanos”, entregado a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay, se detallan las medidas adoptadas en la última década para lograr un marco legal acorde a los compromisos internacionales de México en el tema de la tortura. Hay algunos retos y, sin duda, la mejor manera de superarlos es reconocerlos, agregó la Canciller, e indicó que la idea del diagnóstico es ser objetivo y realista, para poder atacar el problema y actuar en consecuencia en aquellos puntos que todavía representa un reto para el país, entre ellos la impunidad. De acuerdo con el texto de casi 300 páginas, elaborado por la SRE y al menos otras 10 dependencias, se acepta que “la abominable práctica de la tortura no se ha erradicado aún por completo en el país”, por lo que se impulsa un proyecto para crear un registro nacional de quejas “por posibles hechos de tortura en los distintos fueros (civil y militar)”, en el que consten referencias sobre la fecha, lugar y modo de posible comisión, así como datos de víctimas y probables autores. Asimismo, reconoce que las autoridades encargadas de la impartición de justicia “han enfrentado serias dificultades para acreditar la comisión de la tortura”, ya que su tipificación establece requisitos específicos, lo que ha derivado en una clara tendencia a que las autoridades judiciales castiguen a los perpetradores de otros delitos, como abuso de autoridad y/o lesiones. Y detalla que de 1992 a 2006, 74 personas cumplieron sentencias por tortura en penales estatales, y a nivel federal sólo seis personas se encuentran compurgando penas por la comisión de ese ilícito, mientras que la Procuraduría General de la República integra 63 averiguaciones previas por el delito de desaparición forzada. Durante la conferencia de prensa, la titular de la SRE fue cuestionada sobre el tema de la pena de muerte contra connacionales, a lo que respondió que la dependencia que encabeza tiene un programa específico dedicado a la asistencia a aquellas personas que se encuentren sentenciadas o puedan ser susceptibles de obtener una sentencia que los lleve a esa situación. En ese sentido, reafirmó que ese proyecto está vigente y se ha fortalecido a lo largo del tiempo, en la medida en que ha habido mayor necesidad, porque hay más casos de este tipo. La canciller subrayó que también mantienen su labor para “asegurar que aquellos mexicanos que son detenidos tengan el derecho de acceso consular, puedan acudir a la asistencia y protección al consulado, tengan un proceso debido, apegado a derecho, y el apoyo de abogados en el momento en que lo requieran”. De manera simultánea, dijo, en el tema de la pena de muerte continúa el impulso de acciones tendientes a una mayor sensibilización sobre la necesidad de aprobar una legislación que permita a Estados Unidos cumplir plenamente con el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Y puntualizó que la posición del gobierno de México en relación con la detención de migrantes indocumentados o de migrantes en general, ha sido de rechazo muy enérgico, sobre todo, dijo, cuando se trata de prácticas que pudieran ser violatorias de derechos humanos o discriminatorias por razones de raza o por la apariencia de las personas.