MÉXICO, D.F. (apro).- La bancada del PRI en el Senado resolvió en su sexta reunión plenaria impulsar un plan contracíclico de reactivación del mercado interno en este año para proteger el empleo y la planta productiva, así como impulsar una política crediticia acorde a la nueva Ley de Asociaciones Público Privadas, aprobada en el periodo ordinario anterior por el Congreso. A su vez, la bancada del PRD confirmó en su reunión plenaria que se concentrará en la aprobación de la iniciativa de Ley de Banca de Desarrollo para reactivar sectores productivos prioritarios, así como modificar la Estrategia Nacional de Energía para detonar el desarrollo industrial y “preservar nuestra soberanía sobre la explotación y aprovechamiento del petróleo, así como de las fuentes renovables de energía”. El coordinador de los senadores priistas, Manlio Fabio Beltrones, afirmó que los tiempos electorales no deben detener las reformas pendientes. “Quienes estamos en el Congreso o en el gobierno, también tenemos que prevenir que las lamentables dificultades que vive el mundo y la crisis financiera que abate las economías del orbe, trasminen y vengan a impactar a México”, afirmó el político sonorense. La bancada perredista, a su vez, se comprometió a impulsar reformas al Código de Justicia Militar en materia de justicia castrense y en materia de desaparición forzosa, para dar cumplimiento con las sentencias de la CIDH. El artículo 24 constitucional En el Senado está pendiente la dictaminación para aprobar o modificar la reforma al artículo 24 constitucional que aprobó la Cámara de Diputados, en diciembre pasado. La bancada coordinada por Beltrones se comprometió a trabajar en su análisis y discusión para consolidar los derechos del pueblo mexicano y fortalecer el Estado laico en el que se respete la libertad de conciencia y de religión. En un comunicado, el PRI recuerda que el 11 de febrero de 2010 la Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo 40 constitucional, que define al Estado mexicano como laico, y subraya que la reforma del 24 constitucional incorporó la prohibición para que “nadie utilice los actos públicos de libertad de expresión con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política”.