MÉXICO, D.F. (apro).- Tras el atentado que sufrió el pasado viernes 3 en esta ciudad, la activista Norma Andrade anunció su decisión de irse a vivir al extranjero en virtud de que su vida corre peligro en el país. “Aun cuando me duela mucho lo voy a tener que hacer”, dijo la fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, en entrevista con el canal de noticias Milenio. Andrade, de 52 años de edad y madre de Alejandra García –secuestrada y asesinada en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 2001, por presuntos narcotraficantes–, mencionó que ya son muchos los activistas que han sido agredidos en el país. Luego de que el pasado 2 de diciembre sufrió un atentado a balazos en la ciudad fronteriza, de donde es originaria, la activista se trasladó a esta capital, donde el viernes 3 un sujeto la atacó con un cuchillo cuando llevaba a su nieta a la escuela, provocándole una herida en el cuello. La oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y organizaciones no gubernamentales condenaron ese segundo ataque contra Andrade, recordando que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya había pedido protección especial del gobierno mexicano para la activista. Por su lado, el Senado demandó este martes al titular del Poder Ejecutivo federal y al jefe de gobierno del Distrito Federal “implementar con urgencia” las medidas de protección necesarias para salvaguardar la vida de Andrade, de sus familiares y los integrantes de esa organización. Además, exhortó al Ejecutivo federal a instrumentar programas y políticas públicas, en consenso con la sociedad civil, para otorgar protección a las y los defensores de derechos humanos, y demandó al gobierno federal una investigación a fondo para esclarecer y sancionar a los responsables del atentado en contra de Norma Andrade. El punto de acuerdo aprobado de urgente y obvia resolución fue presentado por la senadora del Partido Verde Ecologista, Ludivina Menchaca, quien expuso que el “Estado mexicano ha fallado en la obligación de brindar justicia y protección a los familiares de las mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez, y también ha fracasado en brindar la protección necesaria para activistas y defensores”. La senadora resaltó que la impunidad en la que actúan los atacantes de mujeres y activistas que investigan los feminicidios en Ciudad Juárez denota”un gran desprecio y exacerbado odio contra las mujeres, y el fracaso del Estado para resolver los casos”. Agregó que el atentado contra Norma Andrade “no es un hecho aislado”, pues en los dos últimos años, cinco activistas de derechos humanos en Chihuahua han sido asesinados por el crimen organizado y otros 12 han tenido que abandonar el país por las amenazas, el acoso y hostigamiento contra ellos. Por separado, Karla Michelle Salas, abogada de la activista Norma, solicitó a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) que las investigaciones en torno del ataque que sufrió Andrade en esta ciudad sean atraídas por la agencia del Ministerio Público especializada en atención a delitos cometidos contra periodistas y defensores de derechos humanos. Indicó que la agresión que padeció su defendida no se puede investigar “como si se hubiese cometido un delito común, es decir un robo, un asalto”, sino que pudo tratarse de ataque directo. En entrevista, Michelle Salas dijo que es muy importante que desde esa perspectiva las autoridades realicen la investigación en torno del atentado que sufrió Norma Andrade el pasado fin de semana, cuando llegaba a su comicilio ubicado en la colonia Culhuacán, delegación Coyoacán. De acuerdo con la litigante, actualmente las investigaciones están a cargo de la Fiscalía Desconcentrada en Coyoacán, pero hasta ahora, agregó, no han tenido los resultados esperados a cuatro días de ocurridos los hechos. Además, dijo que se cuenta con el testimonio de una persona que presenció la agresión en contra de la activista, así como con los videos de las cámaras de seguridad instaladas en la vía pública, a fin de realizar el retrato hablado del agresor. Y añadió que se ha instrumentado un código de visita domiciliaria por parte de la policía capitalina, en el que policías preventivos hacen patrullajes aleatorios al lugar donde se encuentra la afectada, quien tiene que firmar la bitácora de los uniformados.