MÉXICO, D.F. (apro).- Las ganancias por la tala ilegal de bosques deja al crimen organizado ganancias anuales por aproximadamente 15 mil millones de dólares, según el estudio Justicia para los bosques. Mejorando los esfuerzos de la justicia penal para combatir la tala ilegal, elaborado por el Banco Mundial (BM). Además, consigna que, en el caso de México, la probabilidad de que un delito de tala ilegal sea castigado es de menos de uno en cada 100 (0.082%). De acuerdo con el documento difundido por el diario La Jornada en su edición de este miércoles, el dinero obtenido por la tala ilegal es “mayormente controlado por el crimen organizado, que no paga impuestos y se utiliza para pagar a funcionarios corruptos de los gobiernos a todos los niveles”. Para contrarrestar ese fenómeno, el BM plantea la necesidad de desarrollar una estrategia integrada de justicia penal para la tala ilegal que apunte a la corrupción de alto nivel y a las compañías que pagan sobornos. “Esta estrategia –dice-- debería promover las investigaciones sistemáticas, los enjuiciamientos y las confiscaciones de los activos criminales, y enfocar a gran escala las actividades de tala ilegal organizadas”. En su opinión, el cumplimiento de las leyes y reglamentos relacionados con la protección de recursos naturales y la biodiversidad es “abismal”. El estudio, que cita una investigación realizada a lo largo de cuatro años en México, Brasil, Indonesia y Filipinas, países ricos en recursos naturales, destaca que los principales involucrados en el cumplimiento de las leyes de protección de recursos naturales –investigadores, policías, fiscales y jueces– “tradicionalmente no trabajan de manera coordinada, y esa falta de cooperación suele ser un obstáculo al efectivo cumplimiento de la ley”. Una de las causas que impide el cumplimiento de las leyes de protección de recursos forestales, además de la corrupción, es la falta de coordinación entre autoridades, dice, y menciona específicamente el caso de México en este sentido. Subraya que en las cuatro naciones se encontró “que un desafío común relacionado con la falta de cumplimiento de la ley fue la escasa cooperación entre las diferentes dependencias. Una de las causas del ineficaz cumplimiento en México fue la deficiente colaboración entre las dependencias encargadas de la protección ambiental”, agrega. A partir de datos sobre la magnitud de la tala ilegal, la relación de esta actividad con el crimen organizado y la capacidad que tiene de generar ganancias para las bandas criminales, el estudio plantea la necesidad de una mayor inclusión de la justicia penal en las estrategias locales e internacionales para combatir la tala ilegal. Anualmente esta actividad genera entre 10 mil y 15 mil millones de dólares en “activos criminales”, dinero que “está mayormente controlado por el crimen organizado”, subraya. Hasta el momento, menciona, las acciones preventivas para combatir la tala ilegal “que se han enfocado en esfuerzos a nivel local e internacional no han tenido un impacto significativo”. Según el estudio, la práctica no se ha visto de modo integral. Los esfuerzos de las instancias de justicia por combatirla han apuntado tradicionalmente a los delincuentes de bajo nivel, que a menudo se involucran en la tala ilegal para salir de la pobreza. Sin embargo, “las operaciones de tala ilegal de gran escala están casi siempre conectadas a la corrupción de alto nivel y a las redes de crimen organizado”, añade.