MÉXICO, D.F. (apro).- Los órganos garantes de transparencia no deben ser cuotas de los gobiernos ni cortesanos del poder, por lo que en todo momento debe procurarse su autonomía e independencia, afirmó la comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), María Elena Pérez-Jaén. La declaración de la comisionada se da en el contexto de la propuesta que hizo el presidente Felipe Calderón para que Gerardo Laveaga –director del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) de la Procuraduría General de la República– ocupe la vacante que dejó María Marván en el IFAI. Según Pérez-Jaén, bajo ninguna circunstancia debe existir presión de los gobiernos a los organismos públicos garantes de la transparencia sobre reservas de información, pues su función, dijo, es velar por el derecho a saber. Añadió: “Las resoluciones a favor de los ciudadanos es lo que nos legitima frente a la sociedad. Nos eligen para ser incómodos al poder. Los institutos de transparencia, incluido el IFAI, no deben ser agencias de relaciones públicas de ningún gobierno”. Durante su participación en el Primer Simposio Nacional Rendición de cuentas: experiencias y desafíos de los órganos garantes, organizado en Mexicali, Baja California, la comisionada expuso que la evolución social es un producto de los procesos democráticos, y que los órganos de transparencia, los medios de comunicación y las autoridades están sujetos al escrutinio público. Respecto de los medios de comunicación, destacó que hoy en día éstos tienen un papel fundamental en un derecho tan joven (de reciente generación) como lo es el acceso a la información pública. México –dijo– ha transitado por un proceso de transformación en el que los medios de comunicación sirven de portavoz de la sociedad al llevar la información hasta los ciudadanos, además de generar un periodismo de investigación de mayor calidad, gracias al derecho de acceso a la información pública. Sobre los desafíos que enfrentan los órganos garantes de transparencia, Pérez-Jaén mencionó cuatro de ellos: reducir las asimetrías legales que regulan el derecho de transparencia, a nivel estatal, para garantizar a la población procesos homólogos  en todo el país, y fortalecer la oferta de información de los sujetos obligados y las autoridades encargadas de garantizar la transparencia, así como las reglas y prácticas para archivarla y presentarla. Asimismo, sumarse a la Alianza para el Gobierno Abierto, para propiciar compromisos concretos de parte de los Estados, con el propósito de promover la transparencia, aumentar la participación ciudadana en los asuntos públicos, combatir la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías a favor del fortalecimiento del buen gobierno. Y dotar de recursos suficientes a los órganos garantes para atender sus obligaciones y que la falta de recursos económicos no sea un problema que permita garantizar un derecho fundamental.