MÉXICO, D.F. (apro).- Las Naciones Unidad, la Organización de Estados Americanos y Amnistía Internacional condenaron la violencia contra los periodistas en México, tras el asesinato del periodista Marcos Ávila García, cuyo cuerpo apareció en Sonora el viernes 18, un día después de ser secuestrado. Con la muerte de Ávila García suman seis homicidios de comunicadores en menos de 30 días, violencia que se desató después de que el 28 de abril apareciera sin vida el cuerpo de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez. Ávila García, reportero de la sección policíaca del diario El Regional, de Ciudad Obregón, Sonora, fue secuestrado el jueves 17 en un autolavado por hombres encapuchados y armados. Su cuerpo sin vida fue localizado un día después en la carretera hacia Guaymas envuelto en bolsas negras; tenía signos de tortura y un narcomensaje del que no se dio a conocer su contenido. El relator especial de Naciones Unidas para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, solicitó al gobierno de Felipe Calderón asumir “la responsabilidad de investigar hasta dar con los responsables de estos crímenes contra los medios y periodistas, y llevarlos a la justicia”. En un comunicado, La Rue, quien visitó México en misión de observación en 2010, declaró que “ningún crimen debe quedar impune”, y demandó al Estado mexicano “cualquier información que resulte de la investigación de estos asesinatos”. Recordó que “el trabajo de los periodistas juega un papel importante llevando a la luz pública los cárteles y la corrupción y no debe permitirse que sean silenciados”. Tras los crímenes, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano de la OEA, exigió a las autoridades competentes “una investigación diligente, oportuna y exhaustiva” para cada uno de los asesinatos que “agote adecuadamente la hipótesis según la cual la causa del crimen haya sido la actividad periodística”. Luego de manifestar su “profunda preocupación por la repetición de gravísimos hechos de violencia contra la prensa en México”, la Relatoría Especial, al frente de la que está la colombiana Carolina Botero, instó al Estado mexicano a hacer “de manera inmediata todo lo que esté a su alcance para frenar la ola de violencia contra las y los periodistas; combatir la impunidad e impedir el silenciamiento de los medios de comunicación”. Recordó que frente a la violencia y la falta de castigo a los responsables, algunos medios se han visto obligados, “como medida de seguridad, a renunciar a la publicación de noticias acerca del crimen organizado, privando así a toda la sociedad mexicana de información vital”. Para el organismo ahora más que nunca, “es urgente la implementación de una política de protección para las y los comunicadores; romper el ciclo de impunidad que invita a los criminales a cometer nuevos crímenes contra periodistas, y entender que proteger a la prensa y a defensores de derechos humanos es esencial para el combate integral a la delincuencia y la protección de la democracia”. Una vez aprobada la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la CIDH urgió a recurrir a ésta de manera “efectiva y urgente”, fortalecer la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión, así como promover la aprobación, en las legislaturas locales de una reforma constitucional que faculte a las autoridades federales a investigar y juzgar los delitos contra la prensa. Para la organización no gubernamental Amnistìa Internacional la situación revela “el fracaso de las autoridades para garantizar la libertad de expresión y proteger a quienes se decidan a informar de las amenazas y la violencia derivadas de su trabajo”. Rupert Knox, experto de AI, destacó que los crímenes contra los periodistas ocurren en el contexto de la lucha contra el narcotráfico emprendida por el presidente Felipe Calderón, lucha que ya ha dejado un saldo de 50 mil muertos en los últimos cinco años. Knox lamentó que las autoridades “raramente identifican o llevan ante la justicia a los responsables de los ataque a los periodistas --creando un clima de miedo y vulnerabilidad--, quienes a pesar de los riesgos continúan con su labor”. Es por ello en cada uno de los casos “se realicen investigaciones inmediatas, completas e imparciales, haciendo uso de las nuevas facultades federales de manera que los responsables de estos crímenes sean llevados ante la justicia”, urgió el activista de AI. La organización internacional llamo a “detener esta ola de asesinatos que presenta una grave amenaza a la libertad de expresión”. La estela de muertes que inició con el asesinato de la corresponsal de Proceso, Regina Martínez, el 28 de abril, siguió con las ejecución, cinco días después también en Veracruz --precisamente el día internacional de la libertad de prensa, el 3 de mayo--, de tres reporteros gráficos y de una trabajadora administrativa del diario El Imparcial, quienes aparecieron destazados en bolsas de plástico flotando sobre las aguas negras. En Morelos, el 13 de mayo pasado, fue descubierto el cuerpo del periodista y exreportero de la Organización Editorial Mexicana (OEM) René Orta Salgado, quien fue localizado estrangulado en la cajuela de su automóvil; tenía golpes contusos en el cuerpo y la cabeza. La secuencia de muertes se dirigió al norte del país, en Sonora, donde fue localizado el cuerpo sin vida de Marcos Ávila García.