MÉXICO, D.F. (apro).- A cuatro años del fallido operativo policiaco en la discoteca New´s Divine, que dejó 12 muertos, entre ellos nueve jóvenes y tres uniformados, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) determinó que aún no se acata en su totalidad la recomendación 11/2008 que emitió al gobierno de Marcelo Ebrard por esa tragedia. En un comunicado, el organismo público local reprobó la “revictimización de esas víctimas” y de los sobrevivientes “por el trato que han recibido sus familiares en la búsqueda y espera de justicia”. El ombudsman capitalino Luis González Placencia hizo un llamado al presidente del Tribunal de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elías Azar, y al procurador Jesús Rodríguez Almeida para que “se respeten los derechos de las víctimas u ofendidos, como el derecho a la información, que deberá ser proporcionada (…) de manera clara oportuna y veraz”. González Placencia recordó que durante la investigación realizada por los visitadores de la CDHDF se lograron “acreditar graves violaciones a los derechos humanos, perpetradas antes, durante y después de ejecutado el operativo”. La documentación de los abusos derivaron en 40 puntos recomendatorios, 34 dirigidos al gobierno de Ebrard y seis a la delegación Gustavo A. Madero, donde se ubicaba la discoteca. La CDHDF sostiene que “hasta hoy existe un nivel de cumplimiento de 75% de los 40 puntos recomendatorios; no obstante, subraya su preocupación por lo que hace a la integración y determinación de procesos penales y administrativos, protocolos y/o instrumentos de operación de las policías y política pública de juventud, donde aún existen pendientes”. Además refiere en el comunicado que después de cuatro años 34 servidores públicos están sujetos a proceso y sólo se han emitido seis sentencias, y de éstas sólo una en firme, por cuatro años, 10 meses y 26 días, por negación del servicio público, y la destitución del cargo e inhabilitación por 6 años, 4 meses y 20 días. La sentencia se emitió contra quien fuera el director jurídico de la delegación Gustavo A. Madero. La CDHDF refirió que realiza investigaciones de oficio en el Juzgado Décimo Penal, donde están consignados quienes participaron en el operativo, debido a quejas de víctimas y sus familiares por el trato recibido. Asimismo, reconoce que el proceso judicial en el caso específico del New’s Divine es “atípico”, por el número de personas sometidas a juicio y lo que ello conlleva, sin embargo, hace un “llamado al TSJDF y a la PGJDF para que en todo momento se respeten los derechos de las víctimas u ofendidos previstos en nuestro máximo ordenamiento legal, entre los cuales se encuentra el derecho a la información, misma que deberá ser proporcionada a las víctimas u ofendidos de manera clara, oportuna y veraz”. El organismo refiere que personal de la Dirección Ejecutiva de Seguimiento de la CDHDF ha supervisado el lugar donde fueron inhumadas las víctimas mortales, es decir, en el panteón Atzacoalco Viejo. Lo anterior, debido a las pésimas condiciones en que se encuentra el cementerio, con andadores destruidos, acumulación excesiva de basura en las lápidas, “incluyendo costales de huesos, huesos expuestos, gallinas, patos, borregos y cerdos muertos y en estado de putrefacción y lápidas dispersas por todo el panteón”. A pesar de las llamadas de atención de la CDHDF para dignificar el lugar, hasta ahora la autoridad delegacional “ha sido omisa en implementar acciones permanentes, concretas y definitivas, obligando a iniciar una investigación de oficio en la Tercera Visitaduría”. González Placencia consideró en el comunicado como preocupante que entre los puntos recomendatorios que han sido pasados por alto se encuentra el de la atención a las problemáticas propias de los jóvenes de la ciudad. Hasta ahora no se ha concretado el “diseño e implementación de una política integral que considere e incorpore” la opinión de los jóvenes. También detectó una “falta de voluntad política” para la discusión de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Asamblea Legislativa. Todo ello se traduce en una omisión a lo dispuesto en el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, que dispone “se revise la ley de las y los Jóvenes actualmente vigente, así como implementar una reforma integral que ofrezca garantías de exigibilidad”.