LEÓN, Gto. (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ejerció su facultad de atracción para conocer y revisar las posibles violaciones a los derechos de María de la Luz Salcedo Palacios (Lucero) por parte de personal de la Procuraduría General de Justicia del estado, el Hospital General de Guanajuato y la Policía Federal (PF), luego de que la joven fue atacada por un conocido el pasado 12 de septiembre. Inconforme con el proceder del personal de las instancias señaladas, cuando pidió ayuda y denunció el ataque de manos de Miguel Ángel Jasso Manríquez, en la capital de Guanajuato, Lucero presentó una queja ante la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos (PEDH), el 25 de septiembre. Salcedo Palacios dio a conocer a través de las redes sociales que fue brutalmente golpeada por Jasso Manríquez en un paraje de la carretera a Dolores Hidalgo, debido a que se negó a sostener relaciones sexuales después de que el sujeto le ofreció llevarla en su auto. Cuando huía del lugar, el agresor se estrelló contra un árbol. Al atender el accidente, agentes de la PF fueron requeridos por la joven para que la auxiliaran. Lucero fue trasladada al Hospital General, donde coincidió con el hombre que la golpeó y, según lo ha denunciado, éste volvió a amenazarla sin que el personal le brindara la seguridad debida. La PEDH inició el expediente 264/2013-A, que señala probables omisiones y abusos cometidos por personal de la agencia del Ministerio Público especializada en delitos sexuales y violencia intrafamiliar de Guanajuato, incluida su titular, Blanca Raquel Ramírez Mata. En conferencia de prensa, el titular de la PEDH, Gustavo Rodríguez Junquera, explicó que inicialmente el organismo había admitido la queja respecto de los actos u omisiones de las autoridades estatales, y turnó a la CNDH lo relativo al proceder de los agentes de la PF. La instancia nacional solicitó los informes respectivos al director del Hospital General y al procurador general de Justicia de la entidad, Carlos Zamarripa Aguirre. Asimismo, dictó una medida precautoria en favor de Lucero para que la joven contara con protección ante el temor de que pudiera ser nuevamente amenazada por su agresor. La medida precautoria fue aceptada por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) el 27 de septiembre, apenas tres días antes de que se celebrara la audiencia de imputación al indiciado, quien permanece en libertad debido a que únicamente se le acusó de lesiones y abusos erótico sexuales, clasificados como delitos no graves, y porque la juez Paulina Medina determinó que Lucero no corría peligro. En tanto, las autoridades del Hospital General identificaron a 14 trabajadores que presuntamente tuvieron participación en los hechos que motivaron la queja de la joven, mientras que de la PGJ se señaló a la titular y a la secretaria de la Agencia Especializada en Delitos Sexuales, así como a otro servidor público que atiende el módulo de recepción de denuncias y querellas. Todos esos funcionarios fueron entrevistados por el personal de la PEDH, que también recibió una copia del expediente clínico abierto en el hospital, la carpeta de investigación del caso (la 18777/2013) y la videograbación de la audiencia pública de imputación al agresor, en la que se ventilaron aspectos de la vida íntima de la víctima, y el defensor de Jasso Manríquez calificó de inmoral la conducta de la joven. Todos estos elementos, indicó Rodríguez Junquera, fueron recabados por la PEDH; sin embargo, dada la relevancia pública que ha adquirido el caso, se acordó con la CNDH que ésta ejerciera la atracción del expediente. “Revisaremos el expediente y continuaremos con las indagaciones” para emitir una recomendación, señaló por su parte el director general de la Sexta Visitaduría de la CNDH, José Zamora Grant.