GUANAJUATO, Gto. (proceso.com.mx).- La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez, dirigió sendos exhortos al gobernador Miguel Márquez Márquez y al presidente del Poder Judicial, Alfonso Fragoso Gutiérrez, para que investiguen el proceder de los servidores públicos de ambas instancias que actúan en el caso de María de la Luz Salcedo Palacios y se apliquen las sanciones que en su caso ameriten. Esta mañana, el coordinador jurídico del Instituto, Pablo Navarrete Gutiérrez, se entrevistó en la capital del estado con María de la Luz (Lucero) Salcedo, y le entregó copias de los documentos remitidos al gobernador Márquez y al presidente del Poder Judicial. La directora de Inmujeres solicitó por estos medios a los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial del estado revisar si cada uno de los funcionarios “actuaron con la debida diligencia, respetaron los derechos de la víctima e intervinieron desde una perspectiva de género”, tal y como lo dispone la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en Guanajuato, y la ley general en la materia. “De no ser así, muy respetuosamente solicito su apoyo para que se apliquen las sanciones que prevén las normas estatales y se inicie un proceso de sensibilización y capacitación en estos temas”, refiere el exhorto enviado a los titulares de los dos poderes mencionados. Esta petición involucraría a policías, personal del Ministerio Público, peritos, personal del Hospital General y la juez de oralidad penal que recibieron, atendieron y procesaron la denuncia presentada por Lucero el 12 de septiembre, tras ser agredida sexualmente y golpeada en las inmediaciones de la Sierra de Santa Rosa. En su misiva, entregada el viernes a ambas autoridades, Lorena Cruz Sánchez expresó su preocupación al constatar –no sólo por los medios sino de propia voz de Lucero Salcedo– “los múltiples obstáculos y prejuicios de género que ha tenido que enfrentar para acceder a la justicia y a la protección de las instituciones del Estado”, que van desde prejuzgar su comportamiento hasta “ventilar innecesariamente aspectos de su vida privada durante el proceso penal”, todo lo que podría configurar actos de discriminación y violencia institucional. Recordó que en casos como éste, investigar y juzgar con perspectiva de género puede hacer la diferencia entre una sanción ejemplar al agresor o fomentar la impunidad y a que estos hechos se repitan. En conferencia de prensa al dar a conocer la entrega de estos oficios, el coordinador jurídico de Inmujeres, Pablo Navarrete, dejó en claro que se trata de un exhorto que, aunque no obliga ni al gobernador ni al presidente del Poder Judicial a atenderlo, “sí esperamos una respuesta positiva de ambos en su competencia, vemos que sí hay voluntad”. En principio, el funcionario de Inmujeres consideró inadmisible que se hubiera consignado la denuncia contra el agresor sólo por delitos menores o no graves, sin aplicar la perspectiva de género, así como el planteamiento de la juez Paulina Medina de negar la prisión preventiva porque la joven “no corría peligro”. Recordó que prejuzgar a las víctimas hace que éstas se alejen de la búsqueda de la justicia –es decir, dejen de denunciar– y mencionó que si en México cada año se denuncian 15 mil violaciones sexuales, la cifra negra indicaría que en realidad se cometen 120 mil de estos delitos, puesto que sólo una de cada ocho víctimas denuncia ante las autoridades. “Preocupa que se culpe a la víctima de su suerte y se ventilen aspectos de su vida; parece que el tema o el debate es más sobre la vida de la víctima y sus actos que sobre los actos del agresor”, dijo, al señalar que el Inmujeres se solidariza con María de la Luz Salcedo, “reconoce su valentía al sacar del inframundo un caso que pudo acabar peor” y estará dando seguimiento a la respuesta de las autoridades estatales y al desenlace del proceso judicial que se sigue en el nuevo sistema oral. Navarrete también citó las 10 medidas urgentes que el Instituto Nacional de las Mujeres solicitó al gobierno de Guanajuato, después de que el Sistema Nacional para Prevenir la Violencia rechazó la petición para activar la alerta de género solicitada por el centro Las Libres en abril. Aunque no las precisó ni dijo tener un corte de los avances, aseguró que ve la voluntad de las autoridades estatales por avanzar, sólo que “casos como el de Lucero nos hacen ver que falta mucho por hacer, hay que pasar de las palabras a los hechos, y el terreno de la justicia es clave”. Y advirtió que el caso de Lucero puede sentar un precedente muy importante para que el gobierno lance un mensaje de cero tolerancia a las agresiones contra las mujeres en Guanajuato.