MÉXICO, D.F. (apro).- Cuarenta organizaciones mexicanas prepararon sus propios informes sobre la situación de los derechos humanos en México. Con esto buscan confrontar el reporte oficial que realizó el gobierno, enviado a la Organización de Naciones Unidas (ONU) para su análisis en el Examen Periódico Universal (EPU). A tres semanas de que México sea sometido a la segunda revisión del Consejo de Derechos Humanos (la primera fue en 2009), la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) divulgó el documento oficial de México, un resumen de los 42 informes-sombra y la lista de recomendaciones que se hicieron a nuestro país hace cuatro años. El 23 de octubre próximo le corresponderá al gobierno de Enrique Peña Nieto responder a los cuestionamientos de representantes de más de cien estados miembros de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en México. La OACNUDH enlistó un centenar de temas que han sido motivo de recomendaciones a México por parte de organismos de la ONU desde 2009 a la fecha, derivados la mayoría de ellos de visitas de sus relatores, así como de informes presentados por México ante oficinas de la ONU. Entre los temas relevantes está la observación que hiciera la Relatoría Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias que concluyó que “México se enfrentaba con graves problemas a la hora de proteger el derecho a la vida” derivado, en parte, de que “se habían consolidado cárteles poderos y violentos que se habían infiltrado en esferas del gobierno”. La relatoría, se indica, tomó nota de que en el sexenio de Felipe Calderón se cometieron 102 mil 696 homicidios culposos, de los cuales 70 mil, según el gobierno, “estaban relacionados con las drogas”, hechos que eran posibles “debido a la impunidad endémica y sistemática que imperaba. Sólo aproximadamente entre 1% y 2% de los delitos, incluidos los homicidios, acaban en condena”. En el Comité de Derechos Humanos se mostró preocupación por la ampliación de facultades a las fuerzas armadas a través de la Ley de Seguridad Pública, además de que la lucha contra la delincuencia organizada va acompañada de actos violentos, en los que los niños han sido víctimas. Entre los temas de relevancia está el planteado por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTDFI), que en su informe sobre México refiere que solicitó intervención al gobierno mexicano sobre 505 casos desde la década de los 90 y que sólo ha tenido solución en 134, en tanto que 327 seguían pendientes de resolver. En ese contexto, el GTDFI recomendó “que se reconociera la magnitud del problema de las desapariciones forzadas para su erradicación”, así como garantizar el derecho a la justicia y luchar contra la impunidad, recurriendo a la “capacitación judicial y la aplicación de la ley, la aprobación de protocolos para las investigaciones y la protección de testigos y familiares”. Otras oficinas como el Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) se sumó a la preocupación por el incremento de las desapariciones forzadas en tanto que el Comité sobre la Violencia contra las Mujeres (Cedaw) alertó sobre “el creciente número de desapariciones forzadas de mujeres y niñas y recomendó la creación de un registro oficial de desapariciones forzadas”. Otros temas que están pendientes de respuesta por el Estado mexicano es el referente al arraigo penal, asunto en el que desde 2009 varios organismos de la ONU se pronunciaron por su eliminación; el incremento de la tortura y los malos tratos “en interrogatorios a los detenidos en el transcurso de las operaciones destinadas a combatir la delincuencia organizada”, por lo que se recomendó prevenir la tortura y “supervisar el comportamiento de los agentes judiciales”. También son factores de alarma de las oficinas de la ONU, el incremento de casos de feminicidio y violencia sexual, en especial las violaciones, y la impunidad en que están los casos, muy especialmente en Ciudad Juárez. Otros de los temas de preocupación se refiere a las agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos, tanto que el relator especial sobre el Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión pidió el fortalecimiento de la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de la República, y las procuradurías locales, en tanto que el relator especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales recomendó  dotar a la FEADLE de “la condición jurídica adecuada, de autonomía y recursos suficientes”. Los antecedentes sobre recomendaciones hechas a México así como los 42 informes sombra entregados al Consejo de Derechos Humanos de la ONU son elementos base que tomarán en cuenta los representantes de los estados miembros que analizarán la actuación de nuestro país en esta materia y en el que deja pendientes por resolver.