MÉXICO, D.F., (apro).- La cifra de mexicanos sentenciados por delitos migratorios –cruzar la frontera de forma ilegal, contrabando de personas y fraude con visas— se ha incrementado de manera alarmante en los últimos 18 años, según cifras de la Oficina de Estadísticas de Justicia (BJS por sus siglas en inglés), de Estados Unidos. El número de mexicanos en prisiones federales estadunidenses se incrementó de dos mil 74 en 1994 a 17 mil 720 en 2010, último año del que hay cifras disponibles, informó la agencia Notimex. Según dichas cifras, los mexicanos representan el 78% de todas las personas sentenciadas en Estados Unidos por delitos migratorios. Cada preso recibe una condena de 15 meses en promedio y, la mayoría, –el 90%—es encarcelado por ingresar o reingresar ilegalmente al país. Cerca del 10% ingresa por contrabando de personas y menos del 1% por fraude con visas. El incremento de presos mexicanos por delitos migratorios también ha impactado en la población de las cárceles federales estadunidenses que en el año 2000 representaban el 19% de todos los convictos y para 2010 ya eran el 29%. Para ese año el número de sentenciados por delitos migratorios era de 28 mil 589, cifra ligeramente menor que la de convictos por crímenes ligados a las drogas, según la BJS. Las cifras de la oficina estadunidense no incluyen a los mexicanos que no enfrentan cargos penales pero se encuentran en centros de detención por ingresar a Estados Unidos sin documentos. Cada día, según la BJS, unas 34 mil personas en promedio permanecen en centros de detención de Estados Unidos o en camas alquiladas por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a una red de más de 200 cárceles estatales o de algún Condado. Ahí, los indocumentados –la mayoría de ellos mexicanos—pasan en promedio 33.5 días confinados, en condiciones inhumanas y sometidos a abusos, según organismos civiles como Detention Watch Network. Sus informes señalan que son comunes los reportes de abuso sexual y físico, privación del sueño y aislamiento. Además, destacan falta de acceso a nutrición y a ejercicio apropiado, cuidado médico, materiales legales y educativos, así como acceso a teléfonos y visitas.