MÉXICO, D.F. (apro).- El sindicato minero desmintió que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) notificara a la dirigencia o sus abogados sobre una resolución que obliga a su líder Napoleón Gómez Urrutia a repartir poco más de 54 millones de dólares a los trabajadores que laboraron en la empresa Minera Cananea. Aclaró que lo que la JFCA resolvió es un litigio de siete años sobre las demandas presentadas por varios grupos de trabajadores, quienes alegaron que el sindicato nunca les entregó los recursos que habían sido depositados para su beneficio por el consorcio Grupo México en un fideicomiso, mismos que quedaron bajo control del gremio a partir de marzo de 2005. En un comunicado, el sindicato calificó hoy la información como “un rumor sin sustento” que se ha manejado en algunos medios de comunicación. “Si desde octubre anterior, como señala el rumor, la JFCA tenía guardado este supuesto laudo, es de pensarse que el gobierno anterior de Felipe Calderón dejó esta herencia al nuevo gobierno para no hacerse responsable del mismo, lo que se inscribe en la permanente agresión que ese gobierno mantuvo contra nuestro sindicato”, argumentó. Pese a todo, el sindicato todavía tiene un recurso legal por agotar: el amparo. En 1990, Grupo México compró Mexicana de Cananea, empresa que estaba en suspensión de pagos, y se comprometió con el sindicato a crear el fideicomiso. Sin embargo, debieron transcurrir 14 años hasta que en octubre de 2004 lograron un acuerdo para que se depositaran los 54 millones de dólares en Scotiabank, aparte de que el sindicato tendría una participación de 5% en la explotación de la mina. Más tarde, trabajadores inconformes de diversas entidades del norte del país demandaron a Gómez Urrutia por fraude, quien poco después consiguió un amparo después de que se giraran órdenes de aprehensión en su contra; eso motivó al líder minero a autoexiliarse en Vancouver, Canadá. La Fiscalía Central en Investigación para Delitos Financieros, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), inició tres averiguaciones por este caso: FDF/T/T1/854/07-11, FDF/T/T3/794/08-10 y FDF/T3/884/06-12. Las tres averiguaciones previas concluyeron con resoluciones de no ejercicio de la acción penal, no obstante siguió en pie la demanda administrativa en la JFCA, la que presuntamente ya se resolvió en el sentido de obligar a Napito a devolver esos 54 millones de dólares.