Preocupa a congresistas de EU crisis de derechos humanos en México

viernes, 26 de abril de 2013
MÉXICO, D.F. (apro).- Un total de 23 congresistas estadunidenses expresaron al Secretario de Estado, John Kerry, su “profunda preocupación” por la persistencia de las graves violaciones a los derechos humanos en México, y lo instaron a que éste sea un tema clave de la agenda bilateral. Además, lee sugieren que los recursos que aporta el gobierno estadunidense a México, a través de la Iniciativa Mérida, se condicionen a la aprobación de la reforma al Código de Justicia Militar, para que los abusos cometidos por militares, sean juzgados por tribunales civiles. En una carta enviada a Kerry el pasado 23 de abril, los legisladores sostienen que es el “momento oportuno” para trabajar con el gobierno mexicano sobre el tema, toda vez que al asumir el poder el pasado 1 de diciembre, el presidente, Enrique Peña Nieto, afirmó que el reto más grande para México es “lograr que los derechos humanos pasen del papel a la realidad”. Dicho compromiso, afirman, llega en un “momento crítico” para México por la escalada de violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas militares y policiacas. Ilustran su dicho con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Durante el gobierno de Felipe Calderón, señalan, se quintuplicaron las denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército y la Policía Federal: de 534 en 2007, pasaron a dos mil 723 en 2012. Las violaciones incluyeron tortura, violación sexual, ejecución extrajudicial, detención arbitraria y desaparición forzada, entre otros abusos que, en la mayoría de los casos “siguen sin investigarse y como consecuencia, impunes”. A esto los legisladores añaden su preocupación por el “uso generalizado” de la tortura y el trato cruel para obtener confesiones en México que, según la CNDH, incrementó 400% en los últimos seis años. Como en otras violaciones de derechos humanos, señalan los congresistas, “sólo unos cuántos de los responsables de la tortura son investigados o sancionados”. De enero a 1994 y junio de 2010 sólo dos agentes federales han sido condenados por tortura, precisan, citando datos de la Procuraduría General de la República (PGR). Hacen énfasis también en el elevado número de desapariciones, estimado en más de 26 mil, ocurridas en los últimos seis años. Entre estos casos la CNDH identificó más de dos mil, sobre desaparición forzada, en los que “existe evidencia clara” del involucramiento de autoridades federales, estatales y municipales. En abril de 2012, señalan, se creó el Registro Nacional de Personas Extraviadas o desaparecidas “pero hasta la fecha no está en pleno funcionamiento y no existe ninguna base de datos de cuerpos y restos no identificados”. Para los legisladores, quienes afirman en su carta que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong ha afirmado que “buscar a todos los desparecidos” es un compromiso de Peña Nieto, sostienen que un paso importante para empezar sería, justamente, la creación del registro nacional y la base de datos de restos. “Teniendo en cuenta la experiencia de Estados Unidos con el Sistema Nacional de los Desaparecidos y Personas No Identificadas (NamUs, por sus siglas en inglés) y el Sistema de Índice Nacional de ADN (NDIS, por sus siglas en inglés) creemos que Estados Unidos puede entablar de una manera positiva con el gobierno mexicano sobre su registro y en los esfuerzos de México para traer respuestas y justicia a los familiares de los desaparecidos”, afirman. En opinión de los legisladores estadunidenses, el principal obstáculo para la investigación efectiva y el procesamiento de violaciones de derechos humanos cometidos por soldados mexicanos ha sido “la incapacidad de reformar el Código de Justicia Militar de México para que los abusos de los derechos humanos cometidos por el ejército contra la población civil sean juzgados en los tribunales civiles, no los militares”. Incluso, destacan que la Corte Interamericana de Derechos Humanos así lo ha dictaminado en cuatro resoluciones, lo mismo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, subrayan, “el condicionamiento de apoyo de los Estados Unidos a México a través de la Iniciativa Mérida requiere que estos casos sean procesados por el fuero civil”. Los congresistas también pusieron énfasis sobre el aumento de las amenazas y ataques a defensores de derechos humanos en los últimos años que incluyen “el asesinato selectivo” y la desaparición forzada por parte de actores estatales y no estatales. Sólo en 2012, señalan, la CNDH registró 51 denuncias contra defensores y reportó la muerte de 27 entre 2005 y 2011. Para acabar con esos ataques los legisladores recuerdan que organizaciones de derechos humanos en México impulsaron a Calderón Hinojosa a firmar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que se logró en junio de 2012. Sin embargo, abundan, es necesario el compromiso del gobierno de Peña Nieto para asegurar que este mecanismo proporcione medidas inmediatas a defensores cuando sea necesario. De igual forma, añaden, se requieren investigaciones rápidas e integrales para sancionar a los responsables de las amenazas y ataques. El Departamento de Estado, señalan, está reteniendo 18 millones de dólares para asistencia de seguridad en México hasta que Estados Unidos identifique áreas de colaboración con el gobierno mexicano sobre cuestiones claves de derechos humados. Pero advierten que la crisis en esa materia no mejorará hasta que haya “mayor protección jurídica un aumento en la capacitación en materia de derechos humanos para las fuerzas de seguridad de México y más agentes del gobierno que rindan cuentas por las violaciones de derechos humanos que cometen”. Una forma de evaluar los avances del gobierno mexicano al respecto, sugieren, será medir el número de casos de abusos que sean investigados y juzgados en el fuero civil. La carta fue enviada a Kerry por el representante demócrata James Moran, de Virginia, y el republicano Ted Poe, de Texas. Entre los 23 firmantes se encuentra el veterano legislador de las luchas de derechos civiles John Lewis, así como James McGovern, Luis Gutiérrez, Maxine Waters, Charles Rangel, Raúl Grijalva y Rosa DeLauro.

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