MÉXICO, D.F. (apro).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) justificó la destitución e inhabilitación de las delegadas estatales en Hidalgo y Guerrero, Sonia Leslie del Villar Sosa y Nidia Valdez Sánchez, respectivamente. En un comunicado, el titular del organismo, Humberto Benítez Treviño, argumentó que su salida estuvo apegada a la ley y que en ningún momento se violaron sus garantías individuales. Ayer, las funcionarias cesadas presentaron una queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra el titular de la Profeco por presuntos actos de intimidaciones, amenazas y hostigamiento para obligarlas a renunciar a sus cargos. Sin embargo, la Profeco aseguró en su comunicado que ambas funcionarias cometieron irregularidades durante su desempeño como delegadas que las hicieron acreedoras a la destitución e inhabilitación. Además, recordó que los cargos que ostentaban no son de base, sino de confianza. Valdez Sánchez, quien se desempeñaba como delegada de Nayarit cuando fue cesada, “cometió diversas anomalías junto con su incondicional Milton Calderón Espinoza”, según el expediente R-007/2013. Su falta consistió en “haber omitido supervisar que el personal a su cargo cuidara y custodiara expedientes y emitiera órdenes de verificación”. Del Villar Sosa, quien fue cesada como delegada en Baja California, “incurrió en irregularidades cuando prestaba sus servicios como delegada en Hidalgo”. La Profeco citó el expediente R-006/2013 en el que se destaca que la ahora exdelegada no supervisaba que “el personal a su cargo cuidara y custodiara 93 expedientes y 109 hologramas”. Según la dependencia durante el procedimiento administrativo contra las exfuncionarias, se les otorgó su derecho de audiencia y tuvieron oportunidad de presentar las pruebas que consideraron pertinentes. Además, afirmó que la Secretaría de la Función Pública, a través del Órgano Interno de Control, actuó “con apego a la ley en las sanciones aplicadas a las exfuncionarias que no han cumplido con sus responsabilidades, por lo que han sido sancionadas con la destitución e inhabilitación”. El jueves pasado, en una rueda de prensa ambas exfuncionarias informaron que interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), contra Benítez Treviño por intimidaciones, amenazas y hostigamiento para obligarlas a renunciar a sus cargos como delegadas de la Profeco en Guerrero e Hidalgo. Ambas afirmaron que desde el inicio de la presente administración se les pidió su renuncia y al negarse les advirtieron que se atuvieran a las consecuencias. Valdez fue enviada de Guerrero a Tamaulipas, y Del Villar, de Hidalgo a Baja California. Paralelamente, la Profeco inició auditorías en las delegaciones en las que estaban asignadas. Estas revisiones se realizaron sin la presencia de las exfuncionarias. Además, las acusaron por la desaparición de expedientes y supuestos daños patrimoniales. A del Villar Sosa, en particular, la señalaron por el extravío de 93 expedientes, con valor de tres millones cada uno. Según las exfuncionarias nunca se les pudo dar una explicación de su destitución más allá del argumento de que “los ciclos terminan” y que necesitaban espacios.