MÉXICO, D.F. (apro).- Los representantes de la rama refresquera en el país rechazaron el nuevo gravamen a sus productos propuesto en la reforma hacendaria, ya que esa decisión “no resolverá los problemas de obesidad en el país y afectará a los mexicanos de menores ingresos”. El presidente de la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (Anprac), Emilio Herrera, aseguró en rueda de prensa que el gravar las bebidas azucaradas con un peso por litro “lo terminarán pagando los consumidores y traerá más problemas de desaceleración económica”. El organismo que tiene como asociados a grandes embotelladoras como Coca-Cola Femsa y Arca-Continental, Pepsi, así como refresqueras independientes de todo el país, se sumó a la lista de inconformes con la reforma hacendaria anunciada por el presidente Enrique Peña Nieto, el pasado domingo en Los Pinos. “Es una iniciativa con fines recaudatorios que no resolverá los problemas de obesidad en el país, hacemos un llamado a las autoridades a reconsiderar este punto”, señaló Herrera. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, “la reforma propone crear impuestos que desalienten el consumo de bienes nocivos para la salud. Lo anterior con el fin de disminuir la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población, reducir los costos de salud asociados a estos padecimientos y simultáneamente elevar la recaudación”. México es el segundo país de la de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos con mayor prevalencia de obesidad, al ubicarse ésta en 30% de la población adulta, mientras que el promedio de los asociados a la OCDE es de 22.2%. La cifra sólo es superada por Estados Unidos. “El impuesto propuesto es de 1 peso por litro. Con esta propuesta se busca desalentar el consumo de calorías vacías, con lo que se espera también reducir la incidencia de obesidad y sobrepeso, particularmente entre los niños”, precisó la dependencia encabezada por Luis Videgaray. Para la Anprac, el argumento de no subir el precio a los refrescos es que se estima que en el país 50% de la población, con niveles socioeconómicos bajos, carece de acceso al agua potable; por lo tanto consumen más refrescos y éstos podrían incrementar su precio en 20% en sus presentaciones familiares. Juan Cortina Gallardo, presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera, sentenció que el nuevo impuesto a estas bebidas “es un gravamen que sólo incrementa las arcas del gobierno; sin duda, es un impuesto ineficiente que no resolverá los problemas de obesidad y reducirá las ventas en toda la cadena en 40%”. Mientras que Carlos Blackaller Ayala, presidente de la Unión Nacional de Cañeros (Unca-Cnpr), reveló que de aprobarse esta iniciativa traería “graves consecuencias”, como privilegiar productos importados como los edulcorantes. “La cadena productiva de la caña de azúcar, azúcar, proveedores, refrescos, trabajadores y detallistas generan 540 mil empleos directos y más de 3 millones de indirectos”, explicó. También dijo que el valor de producción es de 350 mil millones de pesos, que equivale a 2.3% del PIB nacional. La recaudación tributaria de esta cadena productiva representa 60 mil 350 millones de pesos, es decir, 4.1% de los ingresos tributarios. El lunes 9, la transnacional Coca-Cola Company calificó como “discriminatorio e incompatible con una buena política fiscal” el impuesto a las bebidas azucaradas. Para la compañía estadunidense, “un impuesto sobre bebidas no está justificado. La gente consigue calorías de muchos alimentos y fuentes de bebidas, y un impuesto sobre un producto no va a resolver un problema tan complejo como el de la obesidad”.