MÉXICO, D.F. (apro).- El sistema judicial del Distrito Federal quedó expuesto una vez más al documentarse la violación a debido proceso y otras irregularidades cometidas contra un activista para mantenerlo preso. Al conceder el amparo número 1180/2014, el Juzgado Cuarto de Amparo en Materia Penal de esta ciudad resolvió que la justicia capitalina violó garantías a Luis Fernando Bárcenas Castillo, acusado de incendiar el árbol de Coca-Cola que se colocó en el cruce de las avenidas Insurgentes y Reforma, el 13 de diciembre de 2013. Según el proceso de garantías, el Juzgado 43 en Materia Penal del Distrito Federal dictó la formal prisión contra Bárcenas, aunque la averiguación previa que lo consignó carecía de la prueba documental en que se fundó la acusación, es decir, los videos que registraron el supuesto ataque incendiario y que jamás se presentaron a juicio. Estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Vallejo, Fernando Bárcenas, de 18 años, participó el 13 de diciembre contra el alza de 67% que el Gobierno del Distrito Federal (GDF) impuso a la tarifa del Metro. Ese día, un grupo de encapuchados arrojó bombas molotov contra el árbol navideño y, a través de un supuesto seguimiento por las cámaras de vigilancia de la ciudad (C2), fueron detenidas tres personas, entre ellas Bárcenas y dos menores. La PGJDF informó que a los detenidos se les encontraron bombas molotov, gasolina y piedras en sus mochilas, e insistió en que fueron ubicados mediante el seguimiento con cámaras de vigilancia, no obstante, presumió que los presuntos agresores se cambiaron de ropa para pasar desapercibidos. Además diferentes publicaciones periodísticas calificaron a Bárcenas de “vándalo anarquista”, pues supuestamente llevaba mantas en que se exhibía la simbólica “A”, y otra donde se exigía “presos políticos libertad”. Días después de su detención y encarcelamiento en el Reclusorio Norte, Fernando Bárcenas negó haber perpetrado el ataque: “Estar preso es como estar muerto en vida, nos mantienen bajo acusaciones falsas y agravios inventados, nos mantienen bajo el perfil de delincuentes”, escribió en una carta el 27 de diciembre. Los videos en los que se fundó la acusación nunca fueron presentados aunque constituían el único medio contundente de prueba. El Juzgado 43 tiene 10 días hábiles para reponer el proceso o dejar en libertad al joven, a quien hasta ahora no se le ha comprobado la comisión del hechos por los que se le mantiene preso, acusado de “ataque a la paz pública” y “asociación delictuosa”.