BERLÍN (apro).- A cuatro años del asesinato de los activistas y defensores de derechos humanos Alberta Bety Cariño y Jyri Jaakkola en el estado de Oaxaca, miembros del Parlamento Europeo exigieron al gobierno de Enrique Peña Nieto que se acabe con la impunidad que mantiene hasta ahora el caso sin castigo para los culpables. En un video de 10 minutos de duración, la madre del finlandés Jaakkola, asesinado el 27 de abril de 2010, y un grupo de eurodiputados del Partido Verde de Alemania, España, Austria y Finlandia exigieron no sólo justicia para que se investigue y juzgue a los culpables de la doble muerte, sino que también advirtieron que la inoperancia de las autoridades mexicanas en el caso complicará las relaciones de México con la Unión Europea (UE). La eurodiputada austriaca Ulrike Lunacek recalcó la impunidad que existe en torno del asesinato de los dos activistas asesinados y advirtió que   el compromiso en materia de derechos humanos al que México tiene que responder es parte fundamental del acuerdo global entre la UE y el país. "Vale la pena recordad que la UE y México están unidos por un acuerdo global que tiene una cláusula de derechos humanos y que está por ser modernizado  con  base en negociaciones entre las dos partes. Pero  las negociaciones son un callejón sin salida si no hay respeto por los derechos humanos en ese país. Por eso pido que antes de cualquier negociación, la cláusula esté activada: los derechos humanos tiene que ir en primer lugar porque sin éstos las relaciones internacionales no valen. El gobierno de México tiene que demostrar la voluntad política para que se haga justicia en este caso", aseguró. Por su parte, el vicepresidente del grupo de los Verdes en el Parlamento, el español Raúl Romeva dijo que mientras perdure la impunidad en México no es posible garantizar los derechos humanos y ello además de perjudicar a la sociedad también enturbia las relaciones con la UE. "Ya es tiempo de que acabe la impunidad en México. Basta de sufrimiento y basta de un gobierno que no se preocupa por sus ciudadanos y residentes. Las relaciones entre la Unión Europea  y México se basan en el respeto a los derechos humanos. Mientras perdure la impunidad, estos derechos se pisan con los pies, lo que perjudica a todos y también a nuestras relaciones" señaló. Cabe recordar que el 27 de abril del año 2000 Cariño y Jaakkola fueron asesinados por presuntos paramilitares, quienes emboscaron la caravana en la que viajaban y que se dirigía a la comunidad de San Juan Copala, Oaxaca, a entregar alimentos. Tanto la familia de Cariño, quien era mixteca y directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS), como la de Jaakkola así como diversas ONG's han denunciado que a pesar de que se tiene ubicados a los presuntos culpables e incluso existen órdenes de aprensión en su contra, el gobierno local ni federal han hecho nada. En el video, difundido este fin de semana por los eurodiputados Verdes, la madre de Jyri, Eeva-Leena Jaakkola, asegura que han sido cuatro largos años de tristeza, negociaciones y lucha por la justicia que sólo ha arrojado "palabras huecas y promesas vacías de las autoridades mexicanas". "Como víctimas y ciudadanos europeos no podemos comprender ni aceptar el hecho de que los probables culpables estén libres. Hay órdenes de detención pero ni las autoridades de Oaxaca ni del gobierno federal las han realizado (…) No hay conciliación sin justicia y por eso es importante también para la sociedad mexicana (que el caso se aclare) porque vive en la impunidad", aseguró. En tanto, la eurodiputada Verde alemana Ska Keller anunció que en junio viajará nuevamente a México, acompañada de la también diputada finlandesa Satu Hassi, para reunirse con autoridades y ONG's y seguir presionando para que el gobierno mexicano actúe. "Como miembro del Parlamento europeo he viajado en numerosas ocasiones a México y cada vez escuchamos las mismas excusas sobre este caso. El nivel federal culpa al nivel local y viceversa. Parece entonces no haber cooperación para trabajar juntos. Llegamos a un aniversario más y vemos que no pasa nada, que nada cambia. Vamos a seguir trabajando. No nos rendiremos hasta que los culpables sean castigados de acuerdo con la ley". En México, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del DF, Perla Gómez Gallardo, rindió un homenaje a los activistas asesinados y recordó que a cuatro años de los hechos el caso sigue impune. “No podemos olvidar ni la vida, ni el trabajo, ni la memoria de Bety y Jyri, porque olvidarlos significaría no recordar que fueron asesinados por luchar por un mundo mejor, por luchar por la vida y la dignidad de los pueblos indígenas de México; sería como no reconocer nuestro propio trabajo y nuestra vocación por la defensa de los derechos humanos”. La ombudsman capitalina recordó que la Relatoría para la Atención de Defensores de Derechos Humanos de la Comisión registró 427 agresiones en 2013, la mayoría de ellas en el Distrito Federal, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Chihuahua y Michoacán. Inaceptable, la inacción del gobierno: Amnistía Amnistía Internacional (AI) calificó de inaceptable la inacción de los gobiernos estatal y federal para ejecutar 11 órdenes de aprehensión contra las personas presuntamente implicadas en el asesinato de los activistas Alberta Bety Cariño y Jyri Jaakkola el 27 de abril de 2010. La organización defensora de derechos humanos lamentó que a cuatro años del doble crimen dichas personas vivan en total impunidad. Desde Finlandia, Eve Jaakkola, madre de Jyri, expresó: “Espero que llegue el día en que sólo lleve luto y pueda extrañar tranquilamente a mi hijo, sin tener que exigir justicia, sin decir nada”. Y Omar Esparza, viudo de Bety Cariño, dijo en Oaxaca: “De parte de mis hijos y mía, quiero pedir que las autoridades detengan a los sospechosos de manera urgente y los lleven ante la justicia”. En un comunicado, AI recordó que ambos activistas formaban parte de una caravana humanitaria que se proponía llevar alimentos y medicinas a San Juan Copala, cuando fueron emboscados por un grupo armado que opera en la zona triqui. “Varios viven normalmente en la zona de San Juan Copala sin que las autoridades tomen medidas para arrestarlos. Sólo una persona, Rufino Juárez, está en detención bajo proceso en relación con el crimen. La inacción de las autoridades ante los demás implicados pone en entredicho su compromiso, reiterado a nivel nacional e internacional, para asegurar la justicia”. El ataque que sufrieron Bety Cariño y Jyri Jaakkola, apuntó, no es un hecho aislado, sino que ilustra la realidad que viven muchas personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México. Asimismo, cuestionó el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que creó el gobierno federal para prevenir ataques e intimidación, debido a que, sostiene, “la protección que provee a sus beneficiarios es insuficiente o inadecuada”. Subrayó: “La situación es aún peor en lo que respecta a la investigación penal de los responsables por los ataques donde la impunidad es casi total”. Amnistía Internacional instó a las autoridades federales y estatales a investigar exhaustivamente el asesinato de los dos activistas, incluyendo los vínculos entre el grupo armado responsable y las autoridades; cumplir de forma inmediata las órdenes de aprehensión vigentes, y garantizar medidas de protección adecuada para los testigos oculares. “Todo esto con el objetivo de hacer rendir cuentas a todos los responsables”. De igual manera, llamó a investigar los motivos de la inacción oficial en la ejecución de las órdenes de aprehensión para determinar responsabilidades individuales, así como el esclarecimiento de todas las agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos. Esa, dijo, “es la medida más efectiva para garantizar su protección y su capacidad de trabajar sin temor a represalias”. Por separado, la representante legal del caso, Karla Micheel Salas, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, declaró que “existe una clara omisión intencional por parte del gobierno federal para detener a los responsables, ya que la mayoría forman parte de un grupo paramilitar conocido como Ubisort (Unión de Bienestar Social de la Región Triqui) que durante años fue auspiciado por gobierno priistas”. A pesar de que se cuenta con sus nombres, rostros e incluso los domicilios laborales de varios de ellos, agregó, no se les ha querido detener para que enfrenten a la justicia. “Tenemos el compromiso de las autoridades federales desde hace más de un año, asegurándonos a nosotros y a la embajadora de Finlandia en México que se organizaría un operativo para cumplir todas las órdenes de aprehensión, sin embargo, hasta la fecha ni siquiera se ha convocado a una reunión de seguimiento de tales compromisos”, apuntó Salas. En respuesta a la inacción de los gobiernos federal y estatal, el próximo martes 29, Omar Esparza comenzará una huelga de hambre como parte de la Jornada Internacional por la detención de los asesinos de Bety y Jyri, que inició ayer con una campaña en redes sociales y actos político-culturales en Finlandia. También mañana se realizará una concentración afuera de la representación del gobierno de Oaxaca en la ciudad de México, y después de un mitin los participantes marcharán hacia la Procuraduría General de la República (PGR) para entregar al procurador Jesús Murillo Karam una solicitud formal de audiencia para abordar los acuerdos no cumplidos por parte del gobierno federal en el caso. “La huelga de hambre es una acción desesperada, es un recurso al cual no nos hubiera gustado llegar, pero no vemos disposición del gobierno federal para detener a los asesinos. Esperamos que esta acción y las otras de la Jornada Internacional llamen la atención de la PGR y que sean atendidas nuestras exigencias de justicia y castigo para los asesinos”, señaló Esparza. En tanto, la abogada Karla Michael Salas dio a conocer que en el marco de esta Jornada Internacional se lanzará una campaña en medios con las fotos, nombres y datos de los sujetos que cuentan con órdenes de aprehensión, para que la propia sociedad civil ayude a concretar su captura ante la negligencia de las autoridades. Diversas organizaciones sociales y defensores de derechos humanos manifestaron su solidaridad a las acciones que se realizarán en el marco de la campaña, entre ellos Francisco Jiménez Pablo, de Coordinadora Nacional Plan de Ayala; Norma Andrade, fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa; Miriam Vargas, del Frente en Defensa del Agua y de la Tierra de Puebla, Tlaxcala y Morelos; Alejandro Cruz, del Movimiento Indígena Zapatista (MAIZ Nacional); Ignacio del Valle, del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, de San Salvador Atenco, y Francia Gutiérrez, secretaria técnica del Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (CONOC).