TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova y Ordóñez (CDH Fray Matías) denunció que se registra una crisis humanitaria en la región que forman Estados Unidos, México y Centroamérica, por la migración de miles de niños indocumentados, sin que las autoridades encaren la situación para encontrar una solución a este problema. Por ello, alertó Diego Lorente, directivo del CDH Fray Matías, miles de niños siguen siendo víctimas de la explotación y tráfico y otros riesgos graves. El activista señaló que la Declaración de Managua “tiene mucho de cinismo, pues dicen que van a promover el desarrollo en los lugares de origen, pero no dicen cómo van a hacerlo, lo real es sus políticas están causando la migración forzada”. Actualmente, acusó, lo que realmente están negociando las autoridades es un retorno inmediato de los niños, donde México podría llegar a colaborar, ayudando a su deportación, sin embargo, si ello ocurre y se vuelve a la situación de violencia, en un contexto donde incluso se han presentado casos de “limpieza social”, los menores volverán a ser expulsados al norte. “Si los traen de EU a México y los deportan, la situación de estos niños se va a agravar. Los regresan a un contexto de violencia donde pueden perder la vida. El contexto de estos niños es que están saliendo de la violencia social y política de sus países, están huyendo de ser reclutados por las pandillas”, advirtió Lorente. Luego indicó que una primera propuesta es que estos niños sean merecedores de protección internacional, pues vienen de una situación de violencia generalizada, y la Ley de Refugio Mexicano hace suyo el artículo cuarto de la Declaración de Cartagena, donde se destaca que cuando en un país hay situaciones de violencia generalizada, como lo es Honduras, “las niñas y niños pueden recibir el asilo”. Es por ello que Lorente pidió que se cumpla lo que dice la ley en la materia y que los niños no estén recluidos en estaciones del Instituto Nacional de Migración (INM); en lugar de ello, deben ser canalizados a un centro del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), y se defina cuál es el interés superior y por tanto se analice cada situación particular. A escala internacional, expuso, debiera darse un pronunciamiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Ayuda a los Refugiados (ACNUR) y otros organismos. “Hay muchos niños y niñas que viven en esta frontera sur y que son víctimas de esta política local. Deportar 8 mil de 9 mil significa que hubo una deportación masiva y no se analizó a detalle cada uno de los casos”, deploró Lorente. Por último, mencionó que las políticas migratorias de México y Estados Unidos están basadas en la seguridad y no en los derechos humanos de los indocumentados. “Pedimos un cambio en el enfoque”, concluyó.