MÉXICO, D.F. (apro).- Las violaciones a los derechos humanos de los migrantes por parte de personal del Instituto Nacional de Migración (INM) no son hechos aislados, más bien se trata “de prácticas institucionalizadas”, afirmó el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde). En su “Informe sobre estaciones Migratorias del Instituto Nacional de Migración”, el organismo recabó 171 testimonios de indocumentados, a través del Observatorio Ciudadanos de los Derechos Humanos del Migrante, para conocer los abusos a los que son sometidos. En el estudio, coordinado por Laura Díaz de León, el Insyde revela las extorsiones de las que son víctimas los migrantes por parte de diversas autoridades, pero sobre todo del INM, así como la incomunicación en la que los mantienen, los obstáculos para solicitar asilo o visas humanitarias, y las agresiones físicas que sufren día a día. En el caso de la Estación Migratoria de Iztapalapa, conocida como “Las Agujas”, el Observatorio entrevistó a 138 personas (107 hombres y 31 mujeres), quienes señalaron que fueron víctimas de malos tratos en esas instalaciones, considerada como una de las mejor equipadas en el país. Según el documento, “37% de hombres y 26% de mujeres entrevistadas de julio a diciembre de 2013 declararon haber sido agredidos física, psicológica o verbalmente al interior de esta estación; del total, sólo ocho hombres y una mujer decidieron denunciar abiertamente las violaciones a sus derechos al interior de Las Agujas” ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). También presentaron la denuncia en el organismo local de derechos humanos, la Procuraduría General de la República (PGR), la Suprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el INM. Las mujeres migrantes consideraron como las principales agresiones el “trato degradante por parte de las agentes de migración, la falta de atención médica y enfermedades provocadas por los alimentos”. Quienes viajaban con niños menores de 13 años “señalaron la falta de sensibilidad por parte de agentes, guardias y otras mujeres para convivir con infantes, y las madres que viajaban con menores de tres años se mostraron preocupadas, además, porque no recibían leche suficiente ni pañales para sus hijas o hijos”, precisa el escrito. En  cuanto a los hombres, la información recabada por el Observatorio destaca “el trato despectivo, degradante y discriminatorio recibido por agentes de migración y guardias de seguridad”. El documento detalla entre las fallas más frecuentes la falta de traductores de lenguas indígenas centroamericanas; la ausencia de atención jurídica, “ya que las personas no son informadas sobre su derecho a tener representante legal o porque los propios agentes les dicen que no intervengan en el proceso, pues podría tardar más tiempo”; la incapacidad para atender a los menores que viajan solos; falta de atención médica, y discriminación hacia la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTI). Los representantes del Observatorio confirmaron la existencia de cuartos de castigo en la Estación Migratoria, de acuerdo con cinco testimonios de migrantes masculinos que describieron “un cuarto aislado, sin ventilación, húmedo o incluso mojado completamente, frío, y donde además eran golpeados por agentes o guardias”. Aseguran que fueron colocados ahí “por ser testigos de agresiones físicas a migrantes por parte de personal de la estación, por haber exigido el cumplimiento de sus derechos, por solicitar servicios o por haber irrumpido el orden con discusiones en el área de hombres”. El informe destaca el caso de un migrante que denunció ese tipo de trato ante la SEIDO tras haber testificado maltrato físico hacia otro migrante, así como “tráfico de drogas permitido y gestionado por agentes migratorios, extorsión y robo a los extranjeros alojados, tráfico de personas y posibles casos de prostitución, todo dentro de la estación migratoria Las Agujas”. Las declaraciones al equipo del Observatorio revelan también “tratos discriminatorios, agresiones físicas, falta de atención psicológica para personas que han intentado el suicidio dentro de la estación, negación de servicios y la inefectividad de la denuncia o queja ante la CNDH”. En la Estación Migratoria de Puebla, el personal del Observatorio  sólo pudo realizar 33 entrevistas a 22 hombres y 11 mujeres, de los cuales 27% de hombres declararon haber sufrido algún tipo de violencia física, psicológica o verbal durante su estancia, en tanto que en las mujeres el porcentaje fue de 45%. En estas instalaciones del INM los investigadores recabaron testimonios de abusos sexuales cometidos por guardias de seguridad contra mujeres migrantes, así como la permisibilidad para que hombres detenidos agredan sexualmente a menores de edad en las áreas destinadas para adolescentes, hechos que han sido denunciados ante la CNDH sin respuesta hasta el momento. El documento publicado por Insyde resalta que representantes del Observatorio hablaron con 261 personas, pero no todas aceptaron responder el cuestionario que se les presentaba, por lo que sólo se hacen referencias generales de los testimonios recabados. Señala que en 20 casos de hombres y dos de mujeres, los migrantes fueron aprehendidos por agentes municipales o estatales. Esas detenciones “se realizaron con irregularidades, ya que a las personas se les pidió dinero para dejarlos seguir su trayectoria y al negarse fueron presentados ante el INM”. El informe presenta 13 recomendaciones para transparentar el trabajo de los agentes del INM con los migrantes, difundir las sanciones a quienes violan los derechos humanos y conocer las condiciones en que se encuentran las instalaciones de las estaciones migratorias. El Observatorio Ciudadano de Derechos Humanos del Migrante también propone mecanismos de control externo y la capacitación de sus agentes, además de difundir los derechos de los migrantes, dar acceso a las estaciones migratorias a periodistas y a defensores, y agilizar los mecanismos de denuncia ante instancias oficiales que permitan la sanción de agentes que abusan de sus funciones.