MÉXICO, D.F., (apro).- Ante el silencio de Enrique Peña Nieto a la exigencia de destitución del líder del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Arturo Escobar y Vega como subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, de la Secretaría de Gobernación, organizaciones sociales anunciaron la conformación de un observatorio ciudadano que “visibilice el vínculo entre la corrupción y la violencia en México”. En conferencia de prensa, a nombre de 142 organizaciones que impugnan a Escobar, representantes de la sociedad civil alertaron del riesgo del desvío de recursos públicos con fines electorales, por la biografía del líder del PVEM, quien se resiste a hacer pública su declaración patrimonial y de conflicto de interés. Carlos Cruz Santiago, de Cauce Ciudadano, sostuvo que mientras Escobar se mantenga en el cargo, el mensaje que deja La administración de Peña Nieto es que “para el gobierno actual no importa si cometes un delito, puedes pertenecer a su administración, ese es el pacto de impunidad”. Al llamar “comparsas” de Escobar a Peña Nieto y al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, Cruz Santiago advirtió que la insistencia de las organizaciones es “un mensaje de hartazgo, ya estamos hartos de la corrupción política”. También significa que la presencia del líder del PVEM demuestra “el deterioro del Estado, que puede ser infiltrado por cualquier grupo criminal, y Escobar y su PVEM que sólo han lucrado, esa es su oferta política desde la acción electoral”. Emulando los recientes promocionales de la Presidencia de la República, Alonso Celestino, de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (Incide social), aseguró: “¡Ya chole con su corrupción! ¡Ya chole con sus nombramientos de uso político electoral!”. El representante social hizo un breve recuento del historial delictivo de Escobar y Vega, quien “con su partido se ha distinguido por la violación sistemática de la ley electoral. Hay que recordar que en 2009 fue sorprendido en el aeropuerto con una maleta con un millón 100 mil pesos”. Celestino continuó: “La propia procuradora (general de la República), Arely Gómez, declaró que la Fiscalía Especializada para la Atención a los Delitos Electorales (FEPADE) admitió que hay tres averiguaciones previas contra el PVEM por el caso de contratación ilegal de propaganda, a través de la empresa Cineminutos”, empresa de Adrián Escobar, hermano del exsenador. “Estamos preocupados porque la política de prevención sea manipulada con la llegada de esta persona. En sus primeras declaraciones, Escobar ha hablado de modificar las reglas de operación del programa por lo que cabría la posibilidad de que fuera más laxo para favorecer a polígonos de actuación en municipios que les sean de interés político electoral, tomando en cuenta que el próximo año hay 13 procesos electorales”, dijo el activista. El presupuesto con que cuenta la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, explicó, es de 2 mil 600 millones de pesos, pero como la Estrategia Nacional de Prevención Social de las Violencias y el Delito (PSVD) y el Programa Nacional de la Prevención del Delito (Pronapred) suponen una coordinación interinstitucional con nueve secretarías “que le dan un uso discrecional sobre 143 mil millones de pesos, es decir, puede decir a dónde van destinados, y para el año próximo se calcula que el programa tendrá una reducción de 10%”. Enriqueta Cepeda, de Incide Social, resaltó que ante la falta de respuesta de los responsables del nombramiento, Peña Nieto y Osorio Chong, las organizaciones sociales que han participado en la PSVD decidieron conformar la Coalición Ciudadana por la Prevención Social de las Violencias. Detalló que el objetivo de la coalición es “crear una red de organizaciones de todo el país que promueva la vigilancia y desarrolle propuestas de mejora a las intervenciones en materia de prevención social de violencias; dar seguimiento puntual a la Política Nacional de Prevención Social de la Violencia y el Delito, y vigilar el desmantelamiento y potencial uso electoral del Pronapred”. El representante social agregó que las organizaciones pretenden “proponer estrategias de construcción de capacidades institucionales para la prevención social de las violencias”, así como “promover el fortalecimiento de capacidades de la organizaciones de la sociedad civil que intervenciones en la materia mediante una mayor comunicación e intercambio de saberes”. Cepeda puntualizó que la Coalición tiene también como objetivo involucrar a la ciudadanía en general en la visibilización de la corrupción y los malos antecedentes de quienes se postulan a cargos públicos, así como mantener