VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- El Tribunal Electoral de Tabasco (TET) tumbó dos candidaturas al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por utilizar documentos apócrifos para acreditar sus domicilios sin que vivan ahí realmente. Se trata de Ariel Córdova Wilson y Luis Enrique López Sala, aspirantes a diputado local plurinominal y regidor, respectivamente. Córdova Wilson es secretario Organización del PVEM-Tabasco y “brazo derecho” del comisionado nacional del Verde en la entidad, Federico Pico Madrazo Rojas, hijo del exgobernador priista Roberto Madrazo Pintado. Estaba anotado en la primera posición como candidato a diputado local plurinominal de la Segunda Circunscripción, el PRI lo impugnó al probar que no residía en el municipio de Nacajuca, como acreditó con documentos apócrifos, sino en el municipio de Centro, cabecera de Villahermosa, perteneciente a la Primera Circunscripción. Luis Enrique López Sala era abanderado a regidor plurinominal por el municipio de Paraíso. También se registró con un domicilio falso. EL TET emplazó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT) a que en un plazo de 48 horas requiera al PVEM para nombrar nuevos candidatos en esas posiciones. El pasado 29 de abril el regidor verde del municipio de Emiliano Zapata, Pedro Aznar Pavón, del grupo contrario a Pico Madrazo, denunció que Córdova Wilson había falsificado documentación para acreditar que vivía en el Callejón Toledo número 1 del ejido El Cedro de Nacajuca, cuando en realidad reside en un departamento de la colonia El Águila de Villahermosa, de acuerdo a su credencial de elector. Y acusó a Pico Madrazo de avalar estas “trampas e ilegalidades”, no solo en el caso de Córdova Wilson, sino también de otros candidatos “amigos” que se anotaron con domicilios apócrifos. En 2012, el “madracista” Córdova Wilson renunció al PRI y se sumó a la campaña del perredista Arturo Núñez para la gubernatura. Al asumir el cargo el 1 de enero de 2013, Núñez lo designó director general de Energía, cargo al que renunció en diciembre pasado. En febrero, la Secretaría de Contraloría (Secotab) lo inhabilitó seis meses para desempeñar cargo o comisión en el servicio público y le aplicó multa 11 mil 48 pesos por daños y perjuicios. La dependencia informó que, a través de una denuncia anónima, se demostró que el entonces funcionario abusó de su cargo, ya que pidió a su subordinado, Jorge Antonio Hernández Varela, Jefe de Departamento, para que llevara a cabo trámites y gestiones ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para obtener la titularidad de solicitud de la marca y registro ENER SUR que previamente había sido solicitada por la Dirección General de Energía de la cual era titular. Con esa conducta, Córdova Wilson configuró “conductas de acción con la que evidentemente no cumplieron con las obligaciones de legalidad, honradez, lealtad e imparcialidad que como servidores públicos tenían la obligación de observar y acatar”, expuso la Contraloría.