MÉXICO, DF (apro).- La ola de niños migrantes que desde 2013 huyen de la violencia causada por el narco y pandillas rivales en sus países de origen superó la capacidad de las autoridades de Estados Unidos al grado que relajó sus políticas de protección a menores y colocó a muchos en hogares donde fueron abusados sexualmente, privados de alimentos u obligados a trabajar sin pago. Miles han arriesgado la vida para llegar a Estados Unidos huyendo del narcotráfico y las guerras entre pandillas particularmente en Honduras, Guatemala y El Salvador. De pronto el número de camas para albergar a los menores fue insuficiente y el Departamento de Salud y Asistencia Social estadunidense relajó sus normas los últimos tres años para agilizar el traslado de los menores a hogares adoptivos, según una investigación de la agencia The Associated Press (AP). A medida que el éxodo aumentaba, las normas se fueron relajando. Primero dejaron de tomar las huellas dactilares a la mayoría de los adultos que deseaban adoptar niños. En abril de 2014, dejó de exigir las actas de nacimiento originales de los adoptantes para verificar su identidad. Al mes siguiente dejó de exigir el llenado de los formularios en los que se pedía la información personal de los adoptantes y finalmente dejó de exigir la revisión de antecedentes criminales del FBI. Desde que se relajaron las normas, AP ha documentado más de dos docenas de casos de niños que han sufrido abusos sexuales, maltratos o han sido obligados a trabajar sin pago. Uno de ellos fue el de Marvin Velasco, un joven guatemalteco que llegó a la frontera en septiembre de 2014 y fue llevado al apartamento de un patrocinador en Los Ángeles, que era padre de su cuñado, donde estuvo confinado por tres semanas. El joven, entonces de 14 años, dijo que durante esas semanas privado de comida. “Él le dijo a las autoridades que me iba a llevar a la escuela, que me iba a dar de comer y vestir, pero eso no fue así, para nada. Todo ese tiempo lo único que yo hacía era rezar y pensar en mi familia”, dijo el joven. Con ayuda del hijo del hombre que lo acogió, Marvin se escapó y llegó a una iglesia donde conoció a uno de los feligreses, quien se convirtió en su representante legal. Por su situación se le dio un estatus especial como migrante y ahora vive con una familia de inmigrantes guatemaltecos que lo están criando como si fuera su hijo. Gina Manciati, abogada del chico dijo que antes de la llegada del chico al apartamento que supuestamente lo acogería ningún profesional se presentó, ni fue a enterarse de cómo iban las cosas después. Marvin den unció además que había nueve personas más en el apartamento de su pariente y que éste les exigía el pago de renta y los amenazaba con ser castigados si intentaban huir. AP documentó otros casos en que mujeres menores de edad eran obligadas a trabajar en casas, restaurantes o bares nocturnos donde incluso podían ser prostituidas y la mayoría de las veces los abusos eran cometidos por parientes o amigos. Varios expertos, entre ellos un psicólogo y un abogado, citaron ejemplos en que los jóvenes fueron violados por familiares, o por otros sujetos vinculados a los patrocinadores. Sólo la punta del iceberg Jacqueline Bhabha, directora de investigaciones del Centro FXB para la Investigación de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard afirma que casos como los documentados por AP son “claramente la punta del iceberg. Jamás permitiríamos que esto le ocurriera a niños estadounidenses”. Los defensores de los niños afirman que es difícil sabe el número exacto de niños sometidos a abusos entre los 89 mil que fueron colocados en hogares adoptivos desde octubre de 2013, debido a que muchos no han sido encontrados. Activistas y contratistas dijeron a AP que desde 2012 reiteradamente han advertido al gobierno sobre el aumento incesante del flujo de niños migrantes. Incluso el propio Departamento de Salud y Asistencia Social advirtió a sus empleados el año siguiente sobre la existencia de “patrocinantes falsos” en Colorado, Iowa y Minnesota que trataban de adoptar varios niños a la vez que no tenían parentesco entre sí. Las autoridades, señaló AP se han negado a dar detalles de cómo se llegó a esa escasez de personal, pero aseguran que están reformando las medidas de seguridad ahora que el número de menores en la frontera va nuevamente en aumento. De hecho recientemente firmaron un acuerdo para construir nuevos albergues. “No estamos tomando atajos. En general el programa funciona muy bien”, dijo el vocero del departamento, Mark Weber. Según este funcionario la Oficina de Reubicación de Refugiados ha añadido más visitas de profesionales a los hogares y más revisiones de antecedentes penales desde julio pasado cuando las autoridades federales acusaron a varios patrocinadores y cómplices suyos de orquestar una red de tráfico de personas en Ohio, en que seis menores eran obligados a trabajar en polleras 12 horas al día bajo amenaza de muerte. “Yo sé que aprendemos de las experiencias y estamos tratando de mejorar el sistema a fin de garantizar que cada menor llegue a un lugar seguro y estoy seguro de que en la mayoría de los casos eso es lo que ocurre”, afirmó Weber. El caso ya llegó al Senado estadunidense, donde el legislador republicano Rob Portman, de Ohio, presidente del Comité de Investigaciones de la cámara alta, informó que programa una audiencia el jueves próximo sobre el programa del Departamento de Salud y Asistencia Social para reubicar a los niños refugiados, pues teme que las fallas son sistémicas. “Creemos que se necesitan reformas con urgencia porque hay menores de edad en estos momentos que están llegando a la frontera. Este es un problema que hay que enfrentar”, dijo.