CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con un total de más de 160 modificaciones a la iniciativa original, la mayoría realizadas por el PAN, PRD y el grupo que apoya la iniciativa ciudadana conocida como Ley 3de3, las comisiones unidas del Senado comenzaron a analizar el paquete conocido como “Anticorrupción y participación ciudadana”, con serias advertencias ante el riesgo de autorizar la intervención de llamadas telefónicas por parte de un tribunal administrativo. Durante el debate sobre el paquete legislativo, los senadores Alejandro Encinas y José Francisco Yunes Zorrilla mencionaron este tema que está en las iniciativas originales enviadas por el Ejecutivo federal. Ambos admitieron también que quedan apenas 17 días para realizar el trabajo legislativo de aprobar este paquete antes de que termine el periodo ordinario el sábado 30. “Hay un tema bastante polémico respecto de la eventual autorización de la intervención de llamadas telefónicas de un tribunal administrativo, lo cual contraviene nuestra legislación porque solamente puede suceder en el caso de orden expresa de un mandato de carácter judicial, y que habrá que abordar con todo detenimiento”, advirtió Encinas. Pablo Escudero, del PVEM y presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, también secundó este punto al señalar el riesgo de que “se restrinja la libertad de tránsito en este país también por parte de un autoridad administrativa y que pudiera tener facultades un órgano interno de control para entrar a hacer visitas a casas de ciudadanos y de empresas”. Por primera vez también participaron en el proceso de dictaminación representantes de las organizaciones ciudadanas impulsoras de la iniciativa 3 de 3, encabezadas por Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, quien propuso la realización de foros públicos con mesas temáticas sobre la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; sobre la Ley General de Responsabilidades; otro sobre el Tribunal de Justicia Federal Administrativa, y un cuarto con el tema de la fiscalización. Bohórquez propuso una lista con expertos sobre estos temas, entre los que mencionó a José Roldan Xopa, Max Kaiser, Pedro Salazar, Jesús Cantú, Lourdes Morales, Marco Fernández, Sergio Huacuja, José Octavio López Presa, Enrique Díaz Infante, Aidé Pérez Garrido, María Amparo Casar, Mauricio Merino, Juan Pardinas, María Marván, Rafael García Aceves, German Petersen y él mismo. El senador Armando Ríos Piter, del PRD, advirtió que ya se tiene una “aproximación al 95% de este documento”, pero en el 5% restante “pueden estar las visiones de cómo entendemos el combate a la corrupción y dónde en realidad está el debate fuerte, duro”. Ríos Piter advirtió que la Ley 3de3 ha tenido más publicidad, pero no es la única que debe dictaminarse, sino que se trata de siete piezas legislativas. Por su parte la senadora Martha Tagle, independiente, mencionó que “desde Ayotzinapa hasta los Papeles de Panamá, desde lo que pasa en Veracruz hasta motines en las cárceles, todo tiene que ver con corrupción y su hermana gemela, la impunidad”. La senadora del PAN, Marcela Torres Peimbert, afirmó que se puede convocar a un periodo extraordinario para sacar adelante esta reforma, “y no debemos tener ningún temor a extender la discusión si así tuviera que ser necesario”. A su vez, la senadora del PRD Dolores Padierna apoyó la propuesta de las cuatro mesas de trabajo, pero señaló su extrañeza de que en el segundo documento analizado no contiene la propuesta de su partido sobre una nueva ley de fiscalización que incluye la creación de un Sistema Nacional de Fiscalización. “Tenemos una Auditoría Superior de la Federación que es como la nada, porque nos entrega tomos y tomos que demuestran una corrupción muy grave en las distintas dependencias, y eso que sólo revisa 1%, y no se traduce en nada”, afirmó Padierna. Las modificaciones En la primera parte del debate, el senador Escudero Morales enumeró algunas de las principales modificaciones realizadas por el PAN y PRD, así como por los asesores de la Ley 3de3. Entre éstas destacan los siguientes: Se clarifica que la Auditoría Superior de la Federación y sus homólogos estatales son autoridades investigadores y “sustanciadoras” en faltas administrativas graves. Además, se otorgan facultades para imponer medidas cautelares a las autoridades investigadoras y sustanciadoras. También se incorporan con mayor precisión las funciones del Sistema Nacional Anticorrupción, relativas al control interno y la fiscalización superior. Igual se retoma la figura de “plataforma digital” como mecanismo para el suministro e intercambio de información. Asimismo, se establecen los requisitos para ser secretario técnico del Sistema Nacional Anticorrupción. Por último, se estableció la igualdad de género en la integración del Comité de Participación Ciudadana.