CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones sociales alertaron sobre la exclusión del proyecto de ley general en materia de tortura en la relación de asuntos a abordar por el Senado el próximo periodo extraordinario de sesiones, a realizarse del 13 al 17 de junio. En un comunicado firmado por decenas de organizaciones sociales, advirtieron que a pesar de que el plazo para aprobar la ley general venció en enero pasado, los legisladores no sólo hicieron a un lado esa iniciativa, sino que están dispuestos a abordar otras incluidas en la llamada “miscelánea penal”, entre las que se encuentran medidas que promueven la tortura. La “miscelánea penal” está compuesta por un conjunto de iniciativas de reforma a Código Nacional de Procedimientos Penales; al Código Penal Federal; a la Ley Federal de para la Protección de Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal; de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. En ese conjunto de reformas también se prevén algunas para las leyes reglamentarias del artículo 73 de la Constitución, a la de Amparo, a la Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Defensoría Pública, así como del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Instituciones de Crédito. Varias de las organizaciones firmantes colaboraron durante nueve meses para diseñar la propuesta de ley general contra la tortura y, del análisis a las iniciativas listas para ser aprobadas de la “miscelánea penal”, consideraron que varias de ellas alientan las violaciones a derechos humanos. Por ello, las organizaciones hicieron un “enérgico llamado al Senado a no aprobar las propuestas realizadas a la minuta miscelánea penal, y al Congreso en su conjunto, para que demuestre un claro compromiso con la erradicación de la tortura como prioridad legislativa”. Para las organizaciones lo anterior es grave si se recuerda que en días pasados “el país se conmovió y se indignó ante varios videos circulados en las redes que muestran actos de tortura por las fuerzas federales y estatales, así como el que un funcionario de la Procuraduría del Estado de México reconoce que la fabricación de delitos es una práctica ‘de toda la vida’”. Más aún, reforzaron, entre las observaciones que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa, destaca que “la verdad histórica” que afirma que los 43 estudiantes fueron asesinados y calcinados en el tiradero de Cocula, “se construyó bajo la fabricación de declaraciones”, en tanto que la sentencia reciente del caso Tlatlaya “también otorga valor a las declaraciones fabricadas bajo tortura a las sobrevivientes”. Entre los temas que los senadores están listos por avalar resalta la legalización de los traslados inmediatos a entidades distintas a las de detención por parte de las fuerzas aprehensoras, “por cuestiones de seguridad o atendiendo a las características del hecho investigado”, según una de las iniciativas. “Esto significa no más ni menos que legalizar la paseada, es decir, la retención inconstitucional durante la cual ocurren actos de tortura”, apuntaron las organizaciones firmantes. Para los activistas de derechos humanos es alarmante que entre las reformas a aprobar esté una que permite “suspender indefinidamente el plazo máximo de la prisión preventiva cuando la persona imputada denuncia tortura”, lo que implica que “una persona acusada falsamente con base en una prueba fabricada bajo tortura se podría quedar años en la cárcel con su proceso suspendido, medida que provocará que las víctimas de tortura simplemente se desistan de su denuncia”. Otra de las iniciativas que atentan contra la integridad de las personas, alertaron las ONG, es que se pretende “eliminar el derecho de la defensa de desahogar pruebas en la audiencia inicial”, lo que significaría que “si una persona cuenta con un video que demuestre que estuvo en otro país el día del delito, no lo puede reproducir y podría ser encarcelada y procesada”. Tras recordar los recientes casos emblemáticos, como el de Ayotzinapa y de Tlatlaya, en los que se advierten el uso de tortura por parte de autoridades para la construcción de los casos, las organizaciones advirtieron que “son sólo un botón de muestra de la práctica cotidiana de la tortura”. Para los firmantes es un hecho de que “mientras persista la tortura en vez de las investigaciones, las miles de víctimas en México no tendrán acceso a la verdad y justicia y no podrá funcionar el sistema acusatorio y oral”. El comunicado lo respaldaron organizaciones agrupadas en la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), Asistencia Legal por los Derechos Humanos, Asociadas por lo Justo, Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos en México, Fundación para el Debido Proceso, Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Socia, Equis Justicia para las Mujeres, I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Programa de Derechos Humanos, Universidad Iberoamericana, Programa de Derechos Humanos Educación para la Paz, Derechos Humanos y Paz, entre otras organizaciones y programas universitarios en derechos humanos.