CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de semanas de exigirlo, el Partido Acción Nacional (PAN) aplaudió que el gobierno de Enrique Peña Nieto impulsara acciones legales contra los “paquetes de impunidad” que promovieron los gobernadores priistas Javier Duarte y Roberto Borge. El presidente del PAN, Ricardo Anaya, calificó como “un paso adelante en la lucha contra la corrupción y la impunidad” las acciones de inconstitucionalidad que la Procuraduría General de la República (PGR) promovió ante la Suprema corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra nombramientos en Veracruz y Quintana Roo. “Tras la enorme presión ejercida por Acción Nacional y por los ciudadanos, el gobierno federal finalmente reconoció que los gobiernos priistas en Veracruz y Quintana Roo incurren en actos que atentan contra los principios del Sistema Nacional Anticorrupción”, subrayó Anaya, quien aclaró que aún existen temas pendientes. Advirtió que pese a la presentación de esas acciones de inconstitucionalidad contra los “nombramientos a modo” en las dos entidades, es necesario que los congresos locales desistan o den marcha atrás, según el caso, de otros nombramientos y reformas que atentan contra la responsabilidad hacendaria y contra la Constitución. “Debe entenderse, de una vez por todas, que en el México de hoy el que la hace la tiene que pagar. Acción Nacional ha alzado fuerte la voz, junto con los ciudadanos, para denunciar los blindajes de quienes, no queda ninguna duda, han robado y lastimado a las familias de sus estados, concretamente en Veracruz, con Javier Duarte; Quintana Roo, con Roberto Borge, y Chihuahua, con César Duarte”. Anaya alertó que para evitar que estos malos gobernantes se salgan con la suya, no basta con las acciones de inconstitucionalidad anunciadas este día por la Presidencia de la República, sino que es necesario que los congresos locales desistan de aprobar nuevos paquetes de impunidad. En el caso concreto de Veracruz, el Congreso local debe frenar de inmediato los nombramientos de fiscal anticorrupción y magistrados, así como la reforma con la que se pretende “basificar” a los “aviadores” de Duarte, con lo que se violaría la ley de responsabilidad hacendaria, dijo. También pidió poner un alto definitivo a la intención de Duarte de disponer de manera anticipada del impuesto de 3% a las nóminas, que es el principal ingreso local, para atarlo al pago de adeudos inexistentes con empresas de su propiedad o de sus cómplices, mismas que ya han sido evidenciadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).