A un año del caso Narvarte, 'no se ha investigado al gobierno de Veracruz”: madre de Nadia Vera
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A cuatro días de que se cumpla un año del multihomicidio de la colonia Narvarte, Mirtha Luz Pérez Robledo, madre de Nadia Dominique Vera Pérez, una de las cinco víctimas, denunció las fallas y omisiones de la investigación a cargo de la Procuraduría General de Justicia capitalina, para resolver el crimen.
“A una vuelta de la Tierra alrededor del sol, es decir, a un año de la masacre, no se tiene un móvil claro”, escribió en una carta difundida en el portal Fotoreporteros Mx, titulada “En defensa propia, en defensa de la memoria”.
Tampoco, dijo, hay “autoridad alguna que quiera hacer una investigación seria, justa, sin intereses políticos ni personales, sin dinero de por medio; una investigación clara, diligente, exhaustiva, eficaz y científica”.
De acuerdo con su denuncia, “no ha sido contemplada la actividad de Nadia Vera como activista y de Rubén Espinosa como periodista, en la ciudad de Xalapa, como un hecho que los colocó en una situación de vulnerabilidad”.
Peor aún, agregó que “no se ha investigado al gobierno de Veracruz (cuyos policías estatales vestidos de civil detuvieron, golpearon y robaron a Nadia Vera; la subieron a una camioneta y la amenazaron por sus actividades políticas; entraron a su casa y husmearon, y con todo ello la obligaron a emigrar al DF)”.
En la carta aseguró que las autoridades no acataron los protocolos para los funcionarios interrogados del gobierno de Veracruz, “quienes recibieron trato preferencial, restándole así importancia a que fueron asesinadas cinco personas”.
Punto por punto, Pérez Robledo aseguró que las autoridades no han castigado a “los verdaderos culpables” de las filtraciones del expediente del caso, no se ha investigado quienes se apropiaron de las pertenencias de las víctimas dentro del departamento ni se le ha permitido declarar a los amigos, familiares y vecinos “que han querido aportar información”.
De la misma forma, añadió, “no se ha buscado” el arma con que se cometió el crimen, “no se mantuvo” la cadena de custodia ni se protegió debidamente el lugar, los objetos y, peor aún, “ninguna autoridad impidió que se modificara la escena del crimen”.
A la lista de ausencias en la investigación que lleva la Procuraduría capitalina a cargo de Rodolfo Ríos, la madre de Nadia Vera agregó que no se ha brindado a los familiares de las víctimas el apoyo de atención psicológica y jurídica.
Y aseguró: “No son capaces de entender que no hay dinero que repare el daño causado a nuestra familia, no hay dinero que pueda devolvernos a nuestra Nadia, a nuestro Rubén; no hay dinero que pueda curar la hondísima herida de nuestro corazón”.
Aunque sin mencionar nombres ni cargos, añadió que “no han hecho su trabajo quienes así se ostentan como autoridades, no han hecho su trabajo ya sea por incapacidad o por negligencia, por intereses mezquinos o políticos”.
No obstante, consideró que aun cuando “se hubiese hecho bien lo que no se supo hacer , ni con su encarcelamiento ni con sus vidas de los autores intelectuales y materiales del crimen, más allá de 10 generaciones, podrían pagar ni restituir la generosa e invaluable presencia de nuestra Nadia, de nuestro Rubén, únicos e irrepetibles”.
“País-infierno”
En la carta difundida, Mirtha Luz Pérez Robledo, madre de la activista Nadia Vera, hizo una reflexión sobre las condiciones de violencia que privan en México, “país que se sostiene sobre pilares de miseria, injusticia, impunidad, corrupción y crimen”.
A manera de denunciar el dolor que le invade por el asesinato de su hija y el dolor al saber que una parte de la sociedad juzga “a través de su lente empañada de prejuicios y doble moral y que en el país “poderoso caballero es don dinero”.
La madre de la víctima comentó que en el país se “tienen el mismo argumento para todas las investigaciones de hechos violentos” y “se revictimiza a las víctimas y se protege a los criminales”. En tanto, “los jueces dejan a la ciudadanía en un estado de indefensión con su omisión deliberada al dejar libres a los delincuentes, argumentando que no tuvieron el debido proceso o que ‘no sabían que iban a delinquir’”.
Sin especificar, aseguró que “las Procuradurías exhiben el sistema de injusticia incapaz de armar casos sólidos y atender un número creciente de expedientes que se acumulan unos detrás de otros”, además de que el “interés político” del gobierno, “no le permite mirar la escalada de violencia y se vuelve autoridad omisa o cómplice capaz de obstaculizar una investigación judicial”.
A modo de crítica, afirmó que México es un país “de fuegos cruzados, de defensorías de derechos para los delincuentes…donde nos crean la ilusión de libre tránsito y de libre expresión… donde impera la negligencia o la incapacidad en las instituciones”.
Criticó también que “la mayoría” de los medios (de comunicación) son ‘peces de ciudad que perdieron las agallas en un banco de morralla’”, en un país “donde te persiguen, te acosan, te amenazan”, donde “a la violencia de los criminales le sigue la violencia institucional” y “donde no sirven nuestras palabras ante sus balas”.
La carta inicia con el siguiente fragmento de un poema de Efraín Huerta:
“(…)país-infierno, país de policías. Largo río de llanto, ancha mar dolorosa, república de ángeles, patria perdida. País mío, nuestro, de todos y de nadie (…)”.
Al final, la autora escribió: “Mi país es un campo de amapolas / regado con la púrpura savia de los jóvenes” y remató con la frase de Ernesto Che Guevara: “Seamos realistas, hagamos lo imposible”.