Exigen líderes frenar corrupción e impunidad; la inacción del gobierno 'resulta abrumadora”

lunes, 9 de enero de 2017
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A unos días de la pregunta “¿Ustedes qué hubieran hecho?” lanzada por el presidente Enrique Peña Nieto en torno al aumento al precio de las gasolinas, organizaciones civiles, empresarios, activistas y ciudadanos en general, recetaron al gobierno federal una serie de medidas para enfrentar la crisis que atribuyen a “años de mala planeación, corrupción, impunidad e inacción de las altas esferas de poder”. Mediante un desplegado dirigido al primer mandatario, al secretario de Hacienda, José Antonio Meade; el de Economía, Idelfonso Guajardo; de Función Pública, Arely Gómez, y al procurador General de la República, Raúl Cervantes, señalan que la incertidumbre y el reciente descontento social han enmarcado en inicio del año, y que la situación “está llegando a un punto insostenible” derivado de malas acciones de gobierno. Argumentan: “Las políticas económicas instrumentadas por el gobierno federal son cuestionadas por la población porque resulta incongruente que se pida asumir las consecuencias de las alzas del combustible, cuando la clase política lucra con sus cargos a través de sobornos, mantiene privilegios o los aumenta con aguinaldos estratosféricos, bonos extraordinarios, viajes, seguros privados, mayores recursos a los partidos, y un enriquecimiento ilícito de los gobernadores, siguiendo la lógica de sólo hacer un uso y abuso del poder para fines privados”. Por si fuera poco, añaden, la liberación de los precios de la gasolina no vino acompañadas de un plan de austeridad en la burocracia o de un programa de contención ante las acciones anunciadas por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. “la inacción del gobierno federal resulta abrumadora”, sentencian. A todo ello se suman los abusos y la corrupción que aquejan al país y que se gentas en las altas esferas del poder y no son castigados, al contrario –dicen—las autoridades encargadas de impartir justicia se convierten en cómplices y no dan seguimiento oportuno o le dan largas a los casos de exgobernadores en investigación. Ante ese panorama le piden a los secretarios a los que va dirigido el desplegado implementar una serie de acciones. Al secretario de Hacienda, le piden implementar un apolítica “severa” de contención a los privilegios económicos de la administración pública federal, y una convocatoria pública del ejecutivo federal para que los poderes legislativo y judicial, los órganos autónomos, los estados y municipios, se adhieran a esa medida. También le piden ampliar el acceso a la información, en particular la referente al gasto público y en especial al que se realiza a través de concesiones, permisos, contratación de deuda, mediante adquisición de bienes, servicios y obra pública. Y reasignar las prestaciones de gasolina de altos funcionarios hacia actividades prioritarias como servicios públicos, traslados médicos y de seguridad pública. A la Secretaría de Economía, le piden proponer un plan de contención anta la posibilidad de que se vayan más inversiones del país o se deje de invertir en México. A la función Pública le exigen “asegurar el cumplimiento de la normatividad en materia de regalos o cortesías independientemente del nivel o rango, y revisar a profundidad las políticas para evitar todo tipo de conflicto de interese”. Finalmente, a la PGR le piden solicitar a las autoridades brasileñas, suizas y estadunidenses “información puntual” que permitan sancionar de inmediato servidores públicos y particulares que participaron en las operaciones en las que Odebrecht y subsidiarias reconocen haber pagado al menos 10.5 millones de dólares para obtener contratos de obra pública en México, presuntamente relacionadas con Pemex. Asimismo, investigar y sancionar a los dueños de gasolineras y franquicias que despachan gasolina robada de Pemex, así como asumir la responsabilidad en las investigaciones sobre el robo de combustible a través de tres mil 500 tomas clandestinas que generan pérdidas por 50 millones de dólares diarios. El desplegado está firmado por unas 75 organizaciones, entre ellas algunas empresariales y defensoras de derechos humanos, así como por más de 200 personas, entre ellas empresarios y activistas.