CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aún es temprano para aventurar conclusiones definitivas sobre el derrumbe de viviendas provocado por los sismos de septiembre pasado, pero se investiga que la omisión, negligencia, corrupción y falta de aplicación de la ley en este ámbito no sólo afectaron la seguridad y patrimonio de las personas, sino también cobraron vidas. Así lo declaró el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, al encabezar la presentación del Estudio de Protección Civil y Derechos Humanos, elaborado de manera conjunta con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Destacó que en nuestro país las construcciones deben tener como premisa básica la protección y garantía de la integridad y vida de las personas. “No hay interés económico o particular que pueda ser más valioso que la vida humana”, aseguró. El ómbudsman subrayó que si bien no es posible evitar que un fenómeno natural genere una condición de desastre, debe cuestionarse cuántos derrumbes fueron realmente inevitables y cuántos eran prevenibles si se hubiese actuado con responsabilidad y conciencia, si se hubiese observado y aplicado debidamente la normatividad existente en la materia y se hubiese contado con una sólida base cultural de prevención. Los recientes desastres naturales, explicó, evidenciaron la necesidad de consolidar esquemas que garanticen, en mejor forma, que las medidas que se han tomado para hacer frente a fenómenos naturales tengan desde sus primeros momentos una perspectiva de derechos humanos, con el fin de propiciar que las acciones que se emprendan para prevenir, contrarrestar y remediar sus efectos, asuman como premisa básica e irrenunciable el reconocimiento y respeto de la dignidad humana. González Pérez puso en relieve la necesidad de revisar y actualizar los reglamentos de obras y construcciones, tanto en la Ciudad de México como en las demás entidades del país, para reforzar su pertinencia, utilidad y, sobre todo, los mecanismos de seguimiento y supervisión acerca de su aplicación. Subrayó que ver la protección civil como un ámbito meramente técnico o administrativo es una concepción que debe eliminarse, ya que la forma en que las autoridades den una respuesta real y efectiva a los requerimientos de la sociedad ante la inminencia o consumación de un desastre, incide directamente en la vida e integridad física y patrimonial de las personas, así como en la vigencia o vulneración de sus derechos humanos. En el acto efectuado en el Centro Nacional de Derechos Humanos de la CNDH, su presidente mencionó que si bien ha habido avances relevantes en materia de protección civil desde el sismo de 1985, lo cierto es que con el tiempo esas acciones pasaron de lo prioritario a lo rutinario, mientras que la conciencia del riesgo constante en que vivimos y la necesidad de consolidar una cultura de prevención quedaron en segundo plano. Apuntó que los esfuerzos y acciones ante los desastres no deben ser reactivas, por lo que se requiere consolidar un sistema con sustento en una norma clara y pertinente, tener instituciones fuertes y una cultura general de prevención de desastres que involucre a autoridades y sociedad para actuar con responsabilidad y anticipación con el fin de reducir, en la medida de lo posible, las consecuencias de los fenómenos que se presenten. Insistió en la necesidad de incluir en esos programas a la población indígena y recordó que a la fecha la CNDH ha recibido 130 quejas como consecuencia del sismo. Por su parte, Javier Delgado Campos, director del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, invitó a reflexionar sobre qué ciudad y qué país estamos construyendo, pese a que tenemos 45 años de planificación urbana y 21 de programas de ordenamiento de la zona metropolitana. Habló de la lógica de mercado en materia inmobiliaria y dijo que aunque ya se conocen los riesgos y vulnerabilidades a las que se está expuesto, cada sismo trae nuevas enseñanzas que, sin embargo, no se han traducido en reglas de prevención en la norma de construcción. Y planteó la paradoja de que los sismos hayan afectado la zona metropolitana, la más desarrollada, con mejores datos socioeconómicos y buenas medidas de prevención, y también la región sureste del país, la zona más pobre y que no cuenta con reglamentos rigurosos.