CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a declarar inconstitucional la totalidad de la Ley de Seguridad Interior. El Congreso de la Unión, consideró la CNDH, no tenía facultades constitucionales para expedirla, al estimarse que la seguridad interior no es una vertiente de la seguridad nacional. La Comisión planteó que la vigencia de la Ley de Seguridad Interior permite perpetuar un estado de cosas inconstitucionales que resulta contrario al pleno respeto a los derechos fundamentales y la dignidad de las personas. En un comunicado, llamó a las ministras y ministros “para que reconsideren el contenido y alcance del artículo 20 de la ley, que establece una subordinación plena de las autoridades civiles al mando de las Fuerzas Armadas”. En ese contexto, añadió, “habría que reconsiderar que las acciones de seguridad deben ser dirigidas en todo momento por una autoridad civil, en pleno respeto de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales”. Se prevé que el próximo 12 de noviembre la Suprema Corte entre al análisis del proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo que aborda las impugnaciones a la Ley de Seguridad Interior. El proyecto propone declarar inconstitucionales siete artículos, modificar cuatro y declarar válidos 23 de los 34 que integran la ley. “Se reconoce y celebra la propuesta de declaración de inconstitucionalidad de diversas normas impugnadas por esta Comisión Nacional”, expuso la CNDH. Sin embargo, expresó su preocupación en temas como la incompetencia del Congreso de la Unión para legislar en materia de seguridad interior; la falta de consulta previa a pueblos y comunidades indígenas; la subordinación de las autoridades civiles al mando de las Fuerzas Armadas, y la facultad de las autoridades militares para solicitar cualquier información. Destacó que, aun cuando las posibles declaraciones de invalidez proyectadas en diversos puntos abonan a la protección de los derechos humanos, “su subsistencia genera incertidumbre jurídica cuando el resto de la norma continúa vigente, ya que genera diversos vacíos normativos”. La CNDH destacó que la ley establece la posibilidad de que las fuerzas castrenses realicen acciones en tierras ancestrales de comunidades y pueblos indígenas, “por lo que se debió consultarlos de manera previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada”. También se pronunció por declarar la invalidez de las disposiciones que señalan de manera abierta la entrega de todo tipo de información, sin distinción, en posesión de las autoridades y órganos autónomos, so pretexto de la realización de tareas en materia de seguridad interior. Recordó que, previo a la publicación de la ley y sus posteriores impugnaciones, la CNDH enfatizó que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública no es la respuesta más adecuada para enfrentar el índice delictivo que aqueja a nuestro país, dada la especial naturaleza de sus funciones constitucionales. Por el contrario, aseguró, deben privilegiarse la formación y capacitación de policías; la inteligencia financiera y la investigación patrimonial; el fortalecimiento de la prevención, como la atención de las desigualdades, privilegiando y atendiendo el ejercicio de los derechos sociales, así como la atención del tráfico de armas, además de realizar una revisión y replanteamiento del sistema penitenciario.