CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En su afán por contar un fiscal general este mismo mes, el presidente Andrés Manuel López Obrador provocó que Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, rompiera el compromiso que estableció con la oposición para hacer cambios a la Ley Orgánica de la Fiscalía General. Así lo declaró el coordinador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, al revelar que Delgado hizo el compromiso de procesar las reservas y hacer cambios, porque ellos mismos –subrayó-- traían tres o cuatro observaciones. “Pero llega la orden del presidente de la República y le dice: ‘no, no queremos que se cambie’. Es una intromisión de poderes. Es una falta de colaboración republicana”, acusó el panista. El pasado miércoles 5, la Comisión de Justicia aprobó en lo general la minuta de la Ley Orgánica de la Fiscalía General. Ese día, Apro reveló que a las 16:30 arribó el morenista Mario Delgado a la sesión, habló con legisladores del Partido Encuentro Social (PES) y de Morena, y les dijo que pidieran un receso que se prolongó por dos horas. Al reinicio de la sesión, la diputada priista Mariana Rodríguez Mier y Terán se levantó de la mesa con el argumento de que todo era “una simulación”. El resto de los partidos permanecieron y ninguna de sus reservas fue avalada. Esta tarde, la citada ley se aprobó en lo general en el pleno. En entrevista con Apro, el diputado Juan Carlos Villarreal Salazar, de Movimiento Ciudadano, explicó que desde que llegó la minuta, el 25 de noviembre, se acordó con Morena que habría un parlamento abierto, y se hizo el compromiso de permitir modificaciones “y hacer un dictamen consensuado”. “Al llegar a la reunión (del receso del 5 de diciembre) y luego de que cada partido comentó sus reservas, nos dimos cuenta que no cumplirían. Mario Delgado nos dijo que coincidían en algunas de ellas, pero que los tiempos no le daban al presidente de la República. “Nos explicó que, de no ser así, que se fuera sin cambios, se tendría que convocar a un periodo extraordinario. Le dijimos que así no podíamos ir con el dictamen porque el compromiso era otro”, agregó el emecista. Villarreal Salazar detalló que el dicho de Mario Delgado durante el receso del pasado miércoles 5 fue que “el presidente tenía la urgencia de tener un fiscal nombrado en este mes de diciembre, pero que podíamos seguir discutiendo el próximo año, para acordar sobre las reservas en las cuales coincidíamos. Pero no lo aceptamos”. Por lo anterior, este martes, al argumentar en contra del dictamen, la oposición acusó a Morena de “una simulación” y de no haber cumplido con el “parlamento abierto”. En conferencia de prensa, el PAN adelantó que seguirán impugnando la ley y que van por cambios en el artículo 102 de la Constitución. “Me canso ganso de que no va a terminar la batalla el día de hoy. Vamos por el 102 constitucional. Esto que se discutió es cosmético, no es una cirugía a corazón abierto, hemos perdido todos”, expresó el panista Juan Carlos Romero Hicks. Y en tono irónico soltó: “Es una ley chimuela sin el 102 constitucional. Íbamos a hacerle modificaciones, pero cuando ya teníamos una lista, y Morena tenía tres o cuatro reservas, llegó la orden del presidente de la República y les dice: ‘no, no queremos que se cambie’”. El panista consideró que se pudo haber contado con una Fiscalía mejorada y después tocar el 102 constitucional. “Lo que demuestra es una presidencia imperial, hegemónica”, recalcó. El exgobernador de Guanajuato, quien en la campaña de Ricardo Anaya fungió como coordinador de educación, ciencia, tecnología e innovación, recordó que al llegar la minuta del Senado hablaron con Morena y se acordó consultar a la sociedad civil, “y ahí identificamos cambios que se requerían”, pero ya en comisiones nada se aceptó. Expresó que la Fiscalía no será autónoma, no tendrá elementos profesionales y no cuenta con los elementos para perseguir el delito. “Y eso no lo podemos tolerar nosotros”. Añadió: “Lamentamos que Morena demuestre cerrazón; hay una imposición y con ello se va a fomentar la impunidad. Se niega el debate por dogmatismo y por ignorancia. No hicieron su tarea (los de Morena)”. También acusó que perseguir delitos contra el crimen organizado no figura en las nueva Fiscalía, y tampoco se establece dónde se investigarán los feminicidios, dónde el secuestro y dónde la trata de personas. La también panista Adriana Dávila alertó sobre lo que desde el punto de vista de su partido contiene la ley aprobada: “Perdón y olvido”. Argumentó: “La ley dice que el fiscal persiga los delitos ‘que considere’, y nunca se toca la frase ‘delincuencia organizada’. Lo que esto significa es: no vamos a investigar a ningún cártel. La delincuencia organizada está fuera del vocabulario de López Obrador. Los artículos 4 y 14, que hablan de la política criminal, dice que queda ‘a discreción’ del fiscal”. Según Dávila, al parecer lo único que quiere sancionar López Obrador “es lo que tiene que ver con delitos electorales porque él los sufrió… lo demás, los feminicidios, la trata de personas, el secuestro, el crimen organizado, lo invisibilizan”. La panista insistió: “En el fondo hay una política de perdón y olvido, por eso para él (López Obrador) no es importante fortalecer. Lo que a él no le gusta, lo desaparece, como ya desapareció las fiscalías especializadas”. Y, efectivamente, en la citada ley sólo se contemplan cuatro fiscalías especializadas: derechos humanos, delitos electorales, combate a la corrupción y asuntos internos.