CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones de la sociedad civil de México y Estados Unidos exigieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que ponga fin “a su colaboración, directa o indirecta, con una política que convierte a México en cómplice de violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo” en la Unión Americana. En una carta dirigida al presidente de la República y a los titulares de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, Olga Sánchez Cordero y Marcelo Ebrard Casaubón, respectivamente, las organizaciones subrayan: “Si México no renuncia a cualquier entendimiento que facilite la implementación de la Sección 235 (b) (2) (C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) de Estados Unidos, antes de que se desarrolle la logística y los procedimientos entre ambos países, nos preocupa seriamente que esto se convierta en una situación permanente”. De acuerdo con el texto, esta política de Estados Unidos no sólo es un esfuerzo por externalizar su frontera hacia territorio mexicano, sino también una violación al debido proceso de las personas solicitantes de asilo, ya que hará más difícil la asesoría legal y la capacidad de presentar argumentos legítimos de defensa en su proceso ante los tribunales estadunidenses, además de obstaculizar el derecho a la unidad familiar. Por otro lado –recalca--, obligar a las personas solicitantes de asilo a permanecer en México no disuadirá a quienes huyen de las pandillas, los cárteles, la violencia doméstica y las amenazas contra sus vidas; por el contrario, continuarán llegando a la frontera y se incrementará el tiempo de espera para la resolución de casos. Según las organizaciones firmantes, México tiene la facultad de rechazar cualquier “decisión unilateral” que lo convierta en un país que contribuya a evadir la responsabilidad en materia de protección internacional de Estados Unidos, o a violar el derecho de solicitar asilo en el país de su preferencia, el derecho a la unidad familiar, el Trafficking Victims Protection Act (TVPRA) y las protecciones especiales para la niñez no acompañada, así como la seguridad de quienes solicitan asilo y su derecho absoluto de non-refoulement, toda vez que la frontera norte de México presenta altos índices de violencia. Añaden: “El gobierno mexicano debe aclarar que no aceptará el retorno o traslado involuntario de las personas solicitantes de asilo por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos. En vez de un acuerdo para obstaculizar el acceso al asilo, pese a que la Cancillería mexicana haya anunciado que ‘acepta esta imposición del gobierno de Estados Unidos por humanidad’, ambos países deberían trabajar para fortalecer sus sistemas de asilo”. Los peticionarios detallan que en Estados Unidos más de 93 mil personas pidieron asilo en la frontera con México en 2018, a ello se suman las 300 mil solicitudes que tiene pendientes de resolver, situación que incrementa el tiempo de espera de las personas, que va de seis meses a cuatro años. En tanto, en México existen solicitudes de asilo desde 2016 que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados no ha resuelto. Por su parte, el alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha proyectado que para 2019 el país recibirá más de 80 mil solicitudes de asilo. “Desde mayo del presente año hemos insistido y argumentado el por qué México no puede aceptar ningún acuerdo, directo o indirecto, que lo convierta en filtro migratorio de Estados Unidos”, remata la misiva dirigida al gobierno mexicano.