CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante las expresiones de rechazo a la recomendación que hizo sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) defendió su documento recomendatorio y demandó someter a análisis genéticos 114 fragmentos óseos recuperados en el tiradero de Cocula y el río San Juan. En un comunicado, el organismo rechazó que la recomendación 15VG/2018 haya sido dada a conocer por un “cálculo político”, 72 horas antes de que Enrique Peña Nieto dejara la Presidencia de la República. Explicó que la tardanza al emitir el documento “estuvo determinada por la falta de información confiable con la que contaban las autoridades que en ámbitos diversos desarrollaban las investigaciones del caso, así como en la serie de negativas y obstáculos que enfrentó para el desarrollo de sus labores”. Tras señalar que su prioridad ha sido determinar el paradero de los estudiantes, llamó a revisar una vez más los “63 mil fragmentos óseos que habrían sido recuperados del basurero de Cocula y en el río San Juan, y que obran en resguardo de la Procuraduría General de la República (PGR), a efecto de que se analicen genéticamente aquellos que sean sensibles de ello”. El organismo señaló que, de acuerdo con sus peritos, 114 fragmentos son susceptibles de ser analizados genéticamente, por lo que deberían ser estudiados “con independencia de la revisión que eventualmente se haga del demás material probatorio”. Para el organismo, “la verdad en el Caso Iguala es una y no admite adjetivos que condicionen o determinen su contenido, el cual debe estar sustentado en la evidencia objetiva y verificada de hechos, no así de opiniones, ni sujeta a coyunturas o intereses políticos ni de ninguna otra índole”. De acuerdo con la CNDH, su investigación “no avala” la llamada “verdad histórica” de la PGR, que concluyó que los estudiantes fueron asesinados y calcinados en el basurero de Cocula, y sus restos vaciados en el Río San Juan, aunque durante la presentación del documento, el pasado 28 de noviembre, coincidió con la versión oficial de que la noche de 26 y 27 de septiembre de 2014 ocurrió un incendio en el vertedero y que al menos 19 personas habrían sido incineradas. “Las críticas y cuestionamientos que hubiesen hecho en contra de esa u otras teorías no pueden implicar que las posteriores investigaciones partan de un sesgo inicial o premisa de descartar cualquier elemento que tuviera relación o estuviera vinculado con las mismas, si encuentran sustento en la adminiculación de pruebas y elementos objetivos de convicción”, apuntó el organismo. Insistió en que “el examen de los restos óseos encontrados es un elemento que podrá definir con certeza el destino de los estudiantes que hasta ahora se consideran desaparecidos, así como clasificar debidamente los delitos por los que se persiga y juzgue a los responsables”. Agregó que, si se confirma “cualquier irregularidad u omisión” cometida por autoridades en la recolección del material óseo, “implicaría la comisión de delitos o la apertura de nuevas líneas de investigación, que necesariamente tendrían que ser desahogadas con independencia de que se determine si los restos óseos hallados corresponden a los normalistas desaparecidos”. La CNDH defendió la recomendación 15VG/2018, rechazada por familiares de los normalistas y representantes legales, argumentando que fue “producto de una investigación exhaustiva, multidisciplinaria e integral”, plasmada en un millón cien hojas, organizadas en mil 255 tomos y 165 anexos, siendo “la mayor sistematización e integración que se tenga del cúmulo de evidencias y elementos de convicción existentes sobre lo sucedido”. Apuntó que la oficina especial dedicada a la investigación llevó a cabo 672 entrevistas, 500 acciones de atención a víctimas, 223 intervenciones periciales y 2 mil 927 revisiones periciales; también revisó 41 expedientes penales y judiciales, realizó 724 visitas de campo e hizo mil 890 solicitudes de información a autoridades de distintos niveles de los tres órdenes de gobierno. E invitó a que, una vez hechas públicas sus conclusiones, “se estudien, analicen y discutan” en el ámbito científico, y llamó a que los elementos localizados por la CNDH sirvan “de guía y orientación para continuar con una investigación objetiva e integral que determine las responsabilidades que se deriven del caso”. Asimismo, se congratuló con la creación de la Comisión de la Verdad, anunciada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y reiteró “su disposición para colaborar con ella desde su autonomía y en el ámbito de sus atribuciones constitucionales y legales”.