De visita en México para recibir de la Alta Escuela para la Justicia la Libera Cathedra “Giovanni Falcone y Paolo Borsellino”, el prestigiado político y escritor italiano Francesco Forgione, quien tuvo un papel de primer nivel en el combate a la mafia de su país, recomienda no negociar con quienes han suprimido a la sociedad. Y sobre la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de otorgar una amnistía a los grupos criminales, comenta: “La respuesta contra la delincuencia organizada pasa por un complejo de acciones legislativas, de investigación policial y social”.  CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La política de contraste, represiva y militar contra la delincuencia organizada en México fracasó. Los datos de la violencia son dramáticos. Pero la solución no es sentarse a dialogar con los narcotraficantes. Se necesitan acciones legislativas, policiales y de política social que incluyan medidas en contra de la “burguesía mafiosa” y sus redes de protección política, porque al final de cuentas “la mafia es un fenómeno de las clases dirigentes”. Francesco Forgione, expresidente de la Comisión Parlamentaria Antimafia de Italia, experto en la presencia de los grupos italianos de delincuencia organizada en el mundo, asegura que, ante la expansión delictiva en México –que incluye el dominio de territorios, influencia y control social, penetración del aparato público y fuerza económica–, se puede hablar ya de la necesidad de “recuperar la estructura del Estado” y transparentarla, sobre todo en las áreas de seguridad y justicia. Hay, además, una tarea inmediata: la verdad y la justicia para las víctimas de la violencia. “La verdad no se construye. Existe o no. Y la búsqueda de la justicia puede pasar por el reconocimiento de que campesinos, jóvenes, mujeres y otros que están detenidos por delitos menores relacionados con el narcotráfico constituyen otra forma de ser víctima. Hasta ahora la propuesta no ha sido precisada”, responde cuando se le pregunta sobre la propuesta de amnistía del candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Pero negociar con quienes han suprimido a la sociedad, no, dice tajante. Tampoco ve que la solución llegue de afuera, como diversas organizaciones sociales están promoviendo en la idea de que se integre una comisión internacional que investigue la colusión de la clase política con la delincuencia organizada en casos graves de violaciones a los derechos humanos, como la matanza perpetrada por Los Zetas en Allende, Coahuila, en 2011. Forgione se encuentra en la Ciudad de México invitado por la Alta Escuela para la Justicia, un proyecto universitario que se inició en México en 2016, inspirado en Libera, la asociación antimafia creada hace dos décadas en Italia y que ha influido en la elaboración de leyes y políticas públicas contra la delincuencia organizada en Italia y otros países europeos. El jueves 3, Forgione recibió de la Alta Escuela para la Justicia la Libera Cathedra “Giovanni Falcone y Paolo Borsellino” para el año académico 2018-2019.  La Libera Cathedra tiene el apoyo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México y lleva el nombre de los dos jueces emblemáticos de la lucha antimafia en Italia y cuyas acciones de persecución desataron la furia de la Cosa Nostra. Falcone fue asesinado en un ataque con coche bomba cuando circulaba en una carretera, en mayo de 1992. Borsellino, un mes después, con una descarga de 100 kilos de dinamita cuando llegaba a un edificio a visitar a su madre, en Palermo. Cuando la mafia italiana sorprendió al mundo con esos ataques, Forgione ya sabía de manera directa el alcance y la forma de actuar de la delincuencia organizada. A los 22 años había formado parte del concejo de la comunidad de Tiriolo, en la provincia de Catanzo, en la región de la Calabria, al sur de Italia. Entre 1984 y 1991 fue el dirigente regional del Partido Comunista Italiano.  En ambos cargos supo y denunció a los mafiosos de su región que por su forma de organizarse y ser menos espectaculares eran mucho menos conocidos, a diferencia de la Cosa Nostra de Sicilia o la Camorra de Nápoles. Se convirtió después en periodista y fue editor responsable de Liberazione, cotidiano del sur de Italia, el centro de la mafia italiana. Una propuesta razonada Forgione dio a conocer en el mundo a la ‘Ndranghetta, la poderosa mafia a la que conocía muy bien porque creció viéndola ahí donde la organización delictiva surgió: la Calabria, el territorio en el que el exgobernador de Tamaulipas por el PRI, Tomás Yarrington, se refugió hasta su detención en abril de 2017. Forgione llegó al Parlamento de Sicilia como diputado en 1996. Fue presidente de la Comisión Antimafia y formó parte de la Comisión para la Transparencia de la Administración Pública. En más de 10 años de diputado promovió y logró leyes para minar la fuerza económica de la mafia, redistribuir en la sociedad la riqueza de origen delictivo y encarcelar a los políticos coludidos con la mafia. Fue el relator parlamentario del primer y único texto legislativo antimafia en el que cuenta cuáles son las familias de la ‘Ndranghetta, quiénes sus integrantes, cómo se organizan, cómo operan y con quiénes colaboran.  Autor, entre otros libros, de Mafia Export. Cómo la Cosa Nostra, ‘Ndranghetta y la Camorra han colonizado el mundo, Forgione dará su cátedra en la Alta Escuela para la Justicia, en complemento de sus clases de sociología e historia de las organizaciones criminales en la Universidad de Aquilla, en el centro de Italia. Aunque prefiere explicar la manera en que su país ha enfrentado a la mafia, considera que en México “sería una locura” mantener la misma estrategia en el combate a la delincuencia organizada, vigente desde el sexenio pasado, cuando el entonces presidente Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico y sacó a los militares a las calles. Sin presuponer una opinión política, señala, una revisión de los datos de homicidios, desaparecidos, desplazados y muchas otras víctimas indican que sería un error seguir en lo mismo: Insistir en la represión militar sólo sirve para la propaganda electoral, pero no para una verdadera lucha contra el crimen organizado. Refiere que si el Estado sólo es concebido como un enemigo y no como un interlocutor para generar trabajo donde no hay, dar salud pública y generar respuestas sociales donde hay exclusión y pobreza, el crimen organizado va a vencer. Hay que entender que hay una relación entre la condición social y la realidad objetiva de los delitos, dice. Explica: una política exclusivamente represiva no puede responder a los problemas de naturaleza compleja de orden social, económico y financiero que están en el fundamento de la expansión del crimen organizado.  Forgione no desestima el uso de la fuerza. Lo ve como un recurso más. Cuenta que tras el asesinato de Falcone y Borsellino el ejército salió a las calles de Italia. Fueron más o menos dos años, pero con una sola función: proteger a los fiscales, políticos y jueces que también estaban en la mira de los delincuentes. Al mismo tiempo, ahí en el centro del universo mafioso de Italia, el Parlamento de Sicilia legisló para reducir la fuerza e influencia de los criminales; creó leyes para favorecer a testigos y arrepentidos, pasar a la sociedad bienes de la delincuencia, convertir en cooperativas empresas de la mafia, crear un régimen especial carcelario para los capos, llevar a los partidos a deslindarse de candidatos vinculados a la delincuencia y hasta la disolución de gobiernos municipales cuyas autoridades estén relacionadas con ella. “Voto de intercambio” Una de las salidas, dice Forgione, fue la Ley de Redistribución Social de la Riqueza, la cual permite que los bienes confiscados pasen a ser de utilidad social. De lo que se trata es de crear una relación entre la represión penal judicial y la utilidad social de la legalidad. “Ahora, por ejemplo, tenemos tierras dedicadas a la producción y empresas convertidas en cooperativas”. Como medida extralegal menciona también la ley conocida como “voto de intercambio”, de cuya confección fue protagonista. “Si se comprueba que un presidente municipal ganó con el apoyo de la mafia a cambio de posteriores beneficios para ésta a costa del erario, además de la investigación penal y patrimonial de todos los implicados, también se prevé la disolución del gobierno”.  Bajo esa ley, que después se extendió a todo el país, se han disuelto unos 170 municipios en los últimos 10 años, además de un gobierno regional en Calabria. La semana antepasada, el gobierno italiano disolvió cuatro gobiernos municipales en el norte del país, una zona no tradicional de influencia mafiosa pero en donde ha penetrado la ‘Ndranghetta. Las investigaciones alcanzaron incluso al primer ministro, Giulio Andreotti. El líder de la democracia cristiana en la segunda mitad del siglo XX fue investigado por sus presuntas relaciones con la mafia.  Pero también están los casos de acciones penales contra la clase política. Destacan los del brazo derecho del exprimer ministro Silvio Berlusconi, el senador Marcelo Dell’Utri, y del viceministro de Economía, también del Partito Forza Italia, Nicola Cosentino.  Dell’Utri fue relacionado con la Cosa Nostra de Sicilia y Cosentino con la Camorra de Nápoles. Acabó en la cárcel, lo mismo que el presidente de la región siciliana del Partido de la Democracia Cristiana, Toto Cufaro, condenado a siete años y medio por favorecer a la mafia. Muchísimos parlamentarios regionales y alcaldes también han sido encarcelados, explica Forgione. Una condición esencial para esas medidas ha sido la independencia y autonomía de los jueces.  “La justicia no funciona si no es autónoma del poder político y económico. En Italia, el Consejo Superior de la Magistratura es nombrado en una pequeña parte por el Parlamento, no por el gobierno. La mayoría es por elección directa de los jueces y fiscales. El Consejo es autónomo también en su gobierno.” Insiste: La respuesta contra la delincuencia no puede ser solamente represiva y penal a pesar de que en el mundo hay una tendencia, sobre todo en la derecha, de penalizar todo. Hay medidas extrapenales que se deben considerar. En Italia, una de ellas ha sido un código de ética con el que los partidos políticos se han visto orillados a deshacerse de candidatos vinculados a la mafia. En el momento en que esas organizaciones políticas asumen públicamente el código para presentar candidatos, se vuelve una medida vinculante. El código establece una serie de delitos, pero por carecer de fuerza no tienen condena. Sin embargo, refiere, el partido que lo asume no va a presentar personajes que ensombrezcan su imagen.  Hay que golpear al poder económico Para Forgione, la solución también pasa por una reconstrucción cultural y de valores: “Si delegamos todo sobre la magistratura y la represión no vamos a lograr una reforma moral de la sociedad y de la política. La mafia tiene capacidad de corrupción en el aparato del Estado, pero también en la sociedad. Un Estado débil va a favorecer al crimen organizado como alternativa”. Fundamental, dice, es golpear el poder económico de los grupos criminales, como la disolución de la propiedad y la intervención del secreto bancario. Forgione señala que Falcone ponía fuerza en la ruta del dinero. El dinero está en la mente y en el corazón de los delincuentes, dice el experto, y menciona entonces a “la burguesía mafiosa”. Asegura que la mafia es un fenómeno de las clases dirigentes. De otra manera, indica, sería una organización delictiva común; se transforma en un sistema de poder por sus relaciones con el mundo económico, financiero y político. Esto es fundamental para comprender qué es una mafia, dice. Desde su experiencia de combate a la mafia desde distintos frentes no encuentra diferencia entre ésta y los grupos de la delincuencia organizada. “En ambos casos estamos ante organizaciones articuladas de poder que tienen una doble relación. Por arriba, con el sistema político; y, por abajo, con el mundo de la exclusión social. Y en medio, cuentan con un sistema de relaciones al exterior con empresarios, el mundo de las finanzas, el aparato público, iglesias, periodistas; es decir, el capital social de la mafia”. Dice entonces que la fuerza de la delincuencia organizada o de la mafia está afuera de ella.  Explica que la mafia o los grupos de delincuencia organizada surgen como un poder alternativo al Estado y se crean con una capacidad económica, financiera y hasta con su propio ordenamiento, sus reglas internas, para convertirse en una fuerza que atenta contra la sociedad. Ante la rapidez con que se mueve el crimen, advierte, tanto Italia como México tienen que construir respuestas rápidas en lo legislativo, en la investigación policial y en las políticas sociales.  Con la confianza de venir de un país que ha producido un modelo legislativo, de investigación y social para enfrentar a la mafia, es categórico en su rechazo a la negociación con esa delincuencia: “No tengo que sentarme con un poder que lo que hace es suprimir a la sociedad. No tenemos que dialogar con ese poder de esa manera. La muerte y las amenazas de muerte no pueden provocar la necesidad de un trato con ellos para ofrecer qué, a cambio de qué. “Si trato con ellos, voy a reconocer una autoridad, y en ese mismo momento les doy un reconocimiento y legitimación ante la sociedad. Yo no puedo legitimar a la mafia ante los ojos de la sociedad. Mucho menos ante las víctimas.” El principal deber del Estado es obtener la verdad y hacer justicia. Es el principal tema relacionado con las víctimas, dice. Ante la propuesta de amnistía de López Obrador, comenta: “Tiene que especificar qué significa: si se refiere a los campesinos que tienen en las drogas la única posibilidad de vida, a los jóvenes o mujeres encarcelados por pequeños delitos relacionados con la droga.  “La reconstrucción de una sociedad pasa por reconocer que esas son otras formas de ser víctimas. Por falta de políticas públicas sociales las hemos relegado al control de los cárteles y de las organizaciones criminales. Pero la amnistía no se puede traducir en el diálogo con quienes han provocado muertes, desapariciones y otros graves delitos.”  Tampoco considera viable para México una comisión internacional que investigue la colusión entre políticos corruptos y la delincuencia organizada en casos de crímenes graves. “Eso sería una declaración de impotencia del país. Si en la lucha contra la delincuencia organizada no se puede delegar todo a la justicia, tampoco al exterior. México tiene recursos intelectuales, culturales y sociales para analizar y buscar soluciones a todo lo que ha sucedido en el país en estos años”, asegura.  Esta entrevista se publicó el 27 de mayo de 2018 en la edición 2169 de la revista Proceso.