CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Derivado de su facultad de atracción de las 20 carpetas de investigación, la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada elaboró planes de investigación calendarizados de las 28 víctimas de desaparición en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Además, ordenó una investigación pormenorizada a la Policía Federal Ministerial, con el fin de obtener mayores datos de los hechos y fincar responsabilidades penales, con lo que se logrará recabar diversos datos que han sido integrados a las carpetas de investigación. En un comunicado conjunto, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Procuraduría General de la República (PGR) señalaron que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el Comisionado Nacional de Búsqueda, además de la Comisión Nacional de Derechos los Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se reunieron con familiares de 28 personas desaparecidas en aquel municipio del norte del país. La Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, a través de la Fiscalía Especializada, informó que se otorgará a las víctimas directas e indirectas su calidad como tales ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para garantizar una representación efectiva en la materia. Además, solicitó la implementación de medidas de protección que garanticen su seguridad. Según las dependencias federales, actualmente se tiene presencia permanente en Tamaulipas de personal experto de la Fiscalía Especializada, así como policías federales ministeriales y analistas, para dar seguimiento a los planes de investigación. Por su parte, la Secretaría de Marina-Armada de México ha dado cumplimiento a las medidas cautelares recomendadas, desde los aspectos referentes al personal hasta las cuestiones de refuerzo en materia de capacitación, de acuerdo con la información oficial. Asimismo, se realizó una búsqueda diligente y efectiva de las personas desaparecidas con la participación de sus familiares, al tiempo en que se efectuó una investigación exhaustiva imparcial de los hechos referidos, con salvaguarda del material probatorio existente. Para garantizar a testigos y denunciantes, así como a sus familias, y a las personas defensoras de derechos humanos condiciones adecuadas de protección, se ordenó abstenerse de realizar actos de molestia que carezcan de motivo y fundamento u orden de autoridad competente. La Segob y la PGR informaron que el gobierno de la República y la Oficina del Alto Comisionado acordaron establecer mesas de trabajo para “reunirse periódicamente a fin de revisar la información y datos de prueba en cada uno de los casos para fortalecer las investigaciones, así como desarrollar una estrategia de búsqueda y atención a las víctimas y sus familiares, además de dar seguridad a los posibles testigos de los hechos”.