CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Defensoras de derechos humanos denunciaron malos tratos, tortura y detención arbitraria contra Gabriela Mejía Valencia, coordinadora de administración y finanzas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), y exigieron su inmediata liberación. En conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Elsa Ángeles Vera, periodista y activista, precisó que Mejía Valencia fue detenida el pasado 15 de junio, acusada por ultrajes a la autoridad, “bajo el pretexto de que les dijo groserías a los policías”, y la comisión de delitos electorales. Aquel día, apuntó, “alrededor de 20 o 30 unidades de la policía estatal son las que la detienen, y, a la mitad del trayecto tratan de ingresar a la camioneta (de Gabriela). Pican el techo de la camioneta con un instrumento, la rocían con gases lacrimógenos, gas pimienta. Llegan al corralón bajo golpes, arrastres, amenazas (…) Estando en el Cereso (Centro de Readaptación Social), esa primera noche la hicieron pasarla de pie, sin abrigo, sin poder dormir, sin alimentos después de una audiencia de 11 horas”. Posteriormente Mejía se enteró de que la acusación en su contra era por haber cometido un delito electoral, por el supuesto traslado de 1.4 millones de pesos con fines electorales. De acuerdo con Vera, la detención de la funcionaria de la UAEH se realizó con fines político-electorales por parte del gobierno de Hidalgo, encabezado por el priista Omar Fayad, y destacó que mantenerla privada de su libertad constituye una violación al artículo 19 de la Constitución, pues los delitos por los que se le acusa no requieren de prisión preventiva. “Ella está todavía en la cárcel bajo esta acusación y recientemente se ampliaron cuatro meses la prisión preventiva (…) Todo esto se da en un contexto electoral en donde el PRI perdió poder. Omar Fayad está utilizando a Gabi Mejía como una rehén para negociar con los próximos legisladores”, aseguró. En la audiencia inicial del pasado 18 de junio, Gabriela Mejía describió que el 15 de junio se dirigía a Tulancingo para realizar actividades propias de su encargo, por lo que en compañía de otro funcionario cargó su vehículo con la documentación y todo lo necesario para llevar a cabo su labor, y ambos salieron con dirección a su destino. Posteriormente, indicó, un retén de policías los detuvo a la altura de Pachuquilla, lugar en donde un oficial le pidió sus documentos para verificar la legalidad de su vehículo, pues estaban en busca de automóviles con reporte de robo. La contadora dijo que accedió a proporcionárselos, pero el oficial le pidió descender de su vehículo para realizarle una revisión, acción a la que ella se negó al considerar que no estaba cometiendo ningún delito. Acto seguido, otro vehículo se impactó con el suyo, motivo por el que los oficiales comenzaron a insistir en que debían remolcar la unidad al corralón; sin embargo, Mejía Valencia puntualizó que les pidió aguardar a la aseguradora, pero ante la insistencia de las autoridades, y luego del arribo de más personas que comenzaron una discusión con los elementos, optó por subir a su vehículo para resguardarse hasta que llegara el seguro o algún abogado. Sin embargo, describió que fue remolcada al interior de su vehículo y bajada por la fuerza al llegar a la unidad de detención, luego de la confrontación entre quienes pretendían evitar que fuera trasladada y los elementos policiacos, acciones que incluso incluyeron ataques con gas lacrimógeno, según contó un testigo. Pese a esa declaración, y las pruebas presentadas la juez admitió la versión del Ministerio Público y decretó como legal la detención.