Acusan a gobiernos de Calderón, EPN y AMLO de ser indiferentes con víctimas de desapariciones

martes, 22 de octubre de 2019
CIUDAD DE MÉXICO (apro). - El caso de la desaparición de cuatro ingenieros agrónomos desaparecidos por policías municipales de Torreón, Coahuila, hace exactamente 10 años, es un botón de muestra de la criminalización de las víctimas, la indiferencia y el incumplimiento de los compromisos con las familias de los desaparecidos, durante los gobiernos de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Así lo denunció María Antonia Melo, hermana de Matusalén Melo Cadena, uno de los cuatro profesionistas que el 21 de octubre de 2009 fueron detenidos por policías municipales de Torreón cuando se dirigían a su trabajo. En una carta distribuida por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, del que forma parte el colectivo Buscando Desaparecidos México (BUSCAME), María Antonia hizo un recuento de las experiencias que ha tenido su familia en la búsqueda de Melo Cadena con gobiernos federales, sin que hasta ahora se tengan información de su paradero. La conclusión de la hermana de Matusalén Melo sobre la forma en que las últimas tres administraciones han abordado el tema de las desapariciones es contundente: “Felipe Calderón criminalizó a los desaparecidos, Peña Nieto estuvo ausente del tema y ahora Andrés Manuel López Obrador no refleja en la práctica su compromiso con las personas desaparecidas, ni con las familias que los buscamos”. En la carta, María Antonia Melo lamenta que, a 10 años de búsqueda, las “fuerzas del Estado nos desaparecieron también la capacidad de ser felices”, siendo “decenas de miles de familias con las mismas demandas y con los mismos no resultados”. Resaltó que Melo Cadena fue detenido por policías municipales cuando se dirigía rumbo a su trabajo junto con sus compañeros Jesús Gonzalo Sainz Inzunza, Florencio Romero Meléndez y Fausto Moisés Morales Bello, situación que fue reconocida por el entonces director de seguridad pública municipal Karlo Castillo, “quien dijo que los perpetradores habían sido sus muchachos por órdenes de la delincuencia organizada”. En la carta, María Antonia apuntó que Castillo “era un policía federal comisionado, quien a la fecha sigue libre y ha sido ascendido en su cargo”. Contó que en abril de 2010 ella y su padre abordaron en un evento al entonces presidente Felipe Calderón, para pedirle apoyo, a lo que el ex mandatario respondió “¿Para qué se fue Matusalén para allá…qué andaba haciendo?”. La hermana de la víctima destacó que durante estos diez años en que se ha mantenido al tanto del caso, “aportando información para dar con el paradero de mi hermano y de otras tres personas desaparecidas, así como de los perpetradores, las autoridades han sido omisas y negligentes en su deber”. Sostiene que funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) y ahora de la Fiscalía General de la República (FGR), de todos los niveles (procuradores, subprocuradores, fiscales, coordinadores de área, agentes del Ministerio Público y policías de investigación), “todos se han caracterizado por una sorda escucha y una búsqueda ciega y a tientas”, sin considerar que pueda estar vivo. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, contó que durante la gestión de Gualberto Ramírez como coordinador de secuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), la familia le exigió buscar en vida a Matusalén, a lo que el funcionario respondió: “para qué lo busca, de seguro está en las fosas que encontramos en San Fernando”, y ante la exigencia de llamar a cuentas a los responsables de la desaparición, Ramírez contestó que “no quería molestar a los policías involucrados porque ‘somos compañeros”. Agregó que con el subprocurador de Derechos Humanos Eber Betazos, también tuvo reuniones, pero con resultados “raquíticos”, mientras que ante reclamos de los compromisos incumplidos un ex funcionario le confesó que después de que ella hacía acuerdos con el subprocurador, cuando ella salía de la oficina “la indicación que le daba era otra”. María Antonia Melo acusó que “por las omisiones de la SEIDO se perdieron evidencias y ante mi exigencia, lo que hicieron fue declinar competencia sin notificarme, además de que el Ministerio Público bloqueó mi número para no recibir llamadas ni mensajes”. A diez años de la desaparición de su hermano, la denunciante refirió que “fiscales van y vienen, pero pareciera que la orden es la misma: no buscar, no encontrar y no investigar.  Ya van varios cambios de nombre de la ahora Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Desaparición Forzada, pero los vicios siguen siendo los mismos”, repitiendo “el discurso y las excusas”. Narró que en este año se reunió con la Fiscal de Derechos Humanos de la FGR, Sara Irene Herrerías, quien le confesó que “al parecer el tema (de las desapariciones) no es prioritario para esta administración”, expresión que para María Antonia “coincide con el desdén que el Fiscal General muestra con las familias y los colectivos, con su ausencia, y los nulos avances de la Fiscalía ‘especializada’ en desapariciones”. María Antonia Melo acusó que a los familiares de víctimas “pareciera que la 4T no nos incluye: no avanzan las investigaciones, las búsquedas tampoco, siguen en la 4T los amiguismos, permean los nombramientos oficiales encargados de atender a las víctimas; y el tiempo pasa y no se en dónde está mi hermano”. La carta de María Antonia Melo concluyó recordando que son “decenas de miles de familias con la misma demanda y con los mismos no resultados”, y para su familia han sido “diez años de impunidad, sin verdad y sin justicia”.

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